Desde entonces, los ministros han amparado a ciudadanos que han sido bloqueados por servidores públicos por no soportar las críticas en las redes sociales.
El plazo límite estaba fijado para mayo, pero el incumplimiento de los servidores públicos y la pandemia ha provocado de la Secretaría modifique los plazos.
Hay seis carpetas que continúan con las diligencias y se han entrevistado a alrededor de 20 personas sobre el tema, entre particulares y servidores públicos.
