La demanda judicial señala que “María Isabel Miranda Torres rentó, a través de un prestanombres, el departamento donde habría ocurrido el secuestro y homicidio de su hijo”.
La defensa de Oliver "N" de 20 años de edad argumentó que no se trató de un crimen por razón de género y solicitó al juez que se variara al delito de homicidio calificado.
El responsable intentó persuadir a las autoridades con dos versiones distintas del homicidio, lo que no sabía es que la joven alcanzó a grabar su rostro.
