El fiscal también pidió cinco años de cárcel para Sandro Rosell, por entonces presidente del Barcelona, acusado de corrupción y fraude, y una multa de 8,4 millones de euros para el club.
Las sanciones a aplicar van desde una amonestación pública o privada, suspensión, destitución, inhabilitación y, en algunos casos, una sanción económica.
La prórroga otorgada por el SAT forma parte de su estrategia llamada el ABC institucional, que tiene como objetivo aumentar la recaudación, bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción.
