A casi 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la FGR cuenta con un testigo protegido, con una versión diferente a las expuestas en la “verdad histórica”.
Pablo Vega Cuevas desembolsó una fianza de 200 mil dólares a través de un pacto confidencial entre fiscales, abogados defensores y un magistrado estadounidense.
Ken Salazar no habló sobre la solicitud que fiscales de Estados Unidos hicieron al Gobierno de México para publicar las conversaciones privadas del grupo criminal sobre los 43 normalistas desaparecidos.
En octubre dieron a conocer inconsistencias en los presuntos mensajes de WhatsApp entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que revelaban información sobre los 43 normalistas.
El informe que presentó el subsecretario de Derechos Humanos revela también que su celular fue utilizado después de la noche del 26 al 27 de septiembre.
El informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa revela que los estudiantes habrían sido retenidos en una bodega perteneciente a Gildardo López Astudillo.
En 2013, el alcalde y la banda advirtieron a los alumnos que no volvieran a Iguala; la verdad histórica se diseñó “en las reuniones de la presidencia, acusó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación.
La Fiscalía de Estados Unidos tiene más escuchas telefónicas sobre el tráfico de heroína de Iguala a Chicago, pero no las quiere dar a conocer, revela expediente de líder de Guerreros Unidos.