Un grupo de Cáritas y del Fideicomiso por la Salud de los Niños Indígenas de México en coordinación con la parroquia de San Andrés apóstol, se dirigían a entregar ayuda humanitaria a familias desplazadas por la situación de violencia.
La Fiscalía del Estado cateó un domicilio en San Cristóbal de las Casas, en el que hallaron a los 23 menores que de acuerdo con la indagatoria, eran obligados a vender dulces.
