Se plantea que, para evitar cualquier posible acto de corrupción, no se pueda asumir ningún cargo público ni en el poder ejecutivo estatal o municipal, ni en el poder legislativo hasta después de un año de su salida del comité.
El Estado entregó al Poder Legislativo la Ley de Egresos en el cual se contempla recortar recursos a la Fiscalía General de Justicia, a la que se le asignan 36 millones de pesos menos de la propuesta inicial de noviembre.
“Acudiremos a la Suprema cada vez que se vulnere al estado, cada vez que se vulnere nuestra soberanía o que el Poder Legislativo cometa abusos como el año pasado", reiteró el gobernador.
