La identificación de los cuerpos fue posible debido al convenio entre el INE, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) y la entonces Procuraduría General de la República (PGR), firmado en septiembre de 2016.
Una joven de 17 años llegó a una gasolinera en Tijuana y dijo a uno de los despachadores que llevaba los cuerpos de sus padres en el maletero de su vehículo, por lo que fue detenida.
Horas antes, el presidente municipal del municipio advirtió que no permitiría la inhumación de cadáveres porque la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas no realizó los trabajos de adecuación.
El incremento de la violencia en Guanajuato ha hecho que la capacidad para almacenar cadáveres en las sedes del Servicio Médico Forense de la entidad se vuelve insuficiente
