Para la FGR sólo existe registro de una denuncia relacionada con el caso de corrupción de la empresa brasileña en México, “la cual ya es pública”, según lo que respondió a una solicitud de transparencia.
La carpeta de investigación en contra del ex consejero Jurídico de la Presidencia deriva de la denuncia interpuesta en por el abogado Paulo Díez Gargari.
El magnicida reclama que el Ministerio Público Federal no ha investigado los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y delitos vinculados cometidos en su perjuicio.
De encontrar a los responsables del siniestro, se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa.
