Las autoridades del Estado de México separaron del cargo a los servidores públicos que dejaron ir al hombre que presuntamente atropelló y mató a Jorge Claudio.
Ambos ex funcionarios fueron acusados de estar implicados, activamente, en escuchas telefónicas, intervención de mensajes y correos electrónicos a periodistas y personajes de la política.
Las rebanadas recaudadas también se entregan a servidores públicos como barrenderos, bomberos, policías, elementos de la Cruz Roja y otras fundaciones.
El secretario general de Gobierno reveló que al menos 100 carpetas de investigación se encuentran abiertas en la fiscalía de Nayarit en contra de servidores públicos.
