Investigaciones en las que ha colaborado el Gobierno de México apuntan a Eduardo Pardo Espino como el principal administrador de una veintena de empresas, además de otros seis operadores.
Determinaron que el acuerdo pone en entredicho las obligaciones de transparencia de autoridades, especialmente cuando se trata de ejercer recursos públicos.
Grupos defensores de la libertad de prensa denunciaron que el Gobierno de México sigue espiando mediante el programa informático Pegasus, ahora a activistas por los derechos humanos.