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Aprueban considerar extorsión como delito contra la libertad y seguridad en Guanajuato

Una de las propuestas fue plantear reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de que las excusas del fiscal general no rebasen 6 meses

Redacción Guanajuato /

Integrantes de la Comisión de Justicia de Guanajuato aprobaron el dictamen de reforma al código penal para que el delito de extorsión, sea considerado dentro de los delitos contra la libertad y la seguridad de las personas.

Durante el desarrollo de la Comisión, el diputado local por el PRI Gustavo Adolfo Alfaro Reyes solicitó que se pudiera modificar el término de porte o utilice arma de fuego, por el de que el sujeto activo se encuentre armado; mismas propuesta que fue avalada por el resto de los legisladores.

En la sesión, también se radicó y aprobó la metodología de estudio de una iniciativa de reforma a la legislación penal que plantea modificar el párrafo primero del artículo 221 del código penal, para suprimir la palabra “análoga” de su redacción, por ser contraria al principio de legalidad que en materia penal es aplicable.

Esta propuesta se remitirá al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General estatal, a la Coordinación General Jurídica y a los diputados integrantes la Legislatura, quienes contarán con un plazo de 10 días hábiles para enviar sus comentarios y se subirá la iniciativa al portal del congreso para consulta y participación ciudadana, por el mismo periodo.

Asimismo, se dio seguimiento a las metodologías de trabajo de seis iniciativas; Tres pretenden reformar el código penal para fortalecer los tipos penales de amenazas digitales y violación y que el robo cometido en las instituciones educativas se tipifique como calificado; dos, proponen modificaciones al código civil para proteger el derecho de las personas adultas mayores de contar con una vivienda y establecer un capítulo denominado Violencia Intrafamiliar.

La sexta propuesta plantea reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con la finalidad de que las ausencias temporales o excusas del fiscal general, que no rebasen 6 meses, sean aprobadas por el gobernador del Estado.

Al respecto, la diputada por el PAN Laura Cristina Márquez Alcalá propuso llevar cabo reuniones de la Comisión con los sujetos consultados para analizar las mencionadas propuestas.

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