Colectivos en Jalisco señalan amenazas e intimidaciones por parte del gobierno

Luego del homicidio de la activista y abogada Verónica Guerrero, ocurrido el pasado 3 de febrero en el centro de Tonalá, cuando al subir a su vehículo fue agredida a balazos; 47 organizaciones civiles de 11 municipios de Jalisco manifestaron su repudio a este crimen.

Josefina Ramírez, representante del colectivo Unidos por Jardines de La Paz y colonias aledañas, compartió su indignación por lo que pasó con su compañera Verónica, “no se vale que estemos amenazados”, enfatizó.

Los representantes de diversos colectivos en pro de los derechos humanos relataron que en varias ocasiones han sido víctimas de amenazas, amedrentamientos y agresiones físicas por parte del gobierno del estado.

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Carlos Iván Chávez, miembro del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, señaló que a lo largo de la lucha han recibido amenazas de muerte directas a compañeros, “muy fuertes”, lo que los ha orillado a tomar medidas fuertes y emergentes, “incluso aislamiento y encierro en lugares secretos”, dijo.

Raúl Argaez, del colectivo Justicia para el Pueblo, también comentó que los miembros de dicho colectivo han recibido intimidaciones mientras están en sus actividades cotidianas, en las calles; se han percatado de constantes pasos de vehículos armados por parte de las policías municipales y estatales. “Yo fui detenido hace poco más de un año por la policía municipal”, comentó.

Los colectivos remarcaron que el asesinato de Verónica Guerrero no es un caso aislado en el estado, por lo que piden la intervención y protección del gobierno federal.

Abraham Gobel, del colectivo Atervac, dijo que quieren protección a nivel federal debido al nivel de alarma de la situación actual. “Ya van 20 activistas y luchadores sociales asesinados, entre periodistas también, entonces sí hacemos este llamado atento al Senado de la República a que vengan aquí, a Jalisco, y hagan su comisión”, dijo.

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Los activistas fueron enfáticos al señalar que el gobierno del estado es el principal perpetrador de las agresiones contra los defensores de derechos humanos. Arturo Mendoza, del colectivo Únete Huentitán, dijo que responsabilizan al gobierno del estado y al ayuntamiento municipal de Guadalajara de cualquier agresión que sufran los compañeros activistas y no activistas, compañeros de la sociedad civil, por defender sus derechos.

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