Comunidad LGBT necesita mayor protección legal en Jalisco
Instituciones carecen de capacitación en derechos humanos de personas LGBT
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Entre 2022 y 2024 se han registrado 31 quejas ante la CEDH / Telediario especial
Este 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia y de acuerdo con un académico de la Universidad de Guadalajara, los instrumentos legales son insuficientes para proteger a la comunidad LGBT en Jalisco.
En entrevista para TELEDIARIO, Christian Israel Huerta Solano, académico de la Universidad de Guadalajara, señaló que si bien es cierto que en los años más recientes en el estado se han puesto en marcha distintos mecanismos, todavía existe una deuda con este sector de la población.
"Se sigue estereotipando, se siguen dando algunos elementos en que las personas de la diversidad solo son vistas todavía, desde un punto de vista binario, sin identificar su orientación, identidad, expresión de género y se siguen viendo desde un punto de vista, solo la identidad. De hecho lo que más destaca cuando se habla de diversidad sexual es la homosexualidad y se deja de lado algún otro tipo de orientaciones".
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Falta capacitación de instituciones y servidores públicos en Jalisco
Otro tema pendiente, apunta, es la capacitación de instituciones y servidores públicos, pues existen al menos 31 quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco por discriminación ejercida por funcionarios públicos.
“Hay que brindar herramientas teóricas y prácticas en materia de inclusión y de no discriminación en los espacios institucionales. Hacer un diagnóstico en materia de inclusión y no discriminación para las personas de la diversidad sexual y obviamente elaborar propuestas de mejora en las instituciones. Sí tendríamos que capacitar a quienes brindan los servicios, en este caso los servidores y también a los prestadores de este servicio”, explicó el investigador.
Las 31 quejas mencionadas pertenecen al registro llevado del 1 de enero de 2022 y el 30 de abril de 2024, y fueron presentadas por personas de la comunidad LBGTTTIQ, ante la CEDH por discriminación, ejercicio indebido del servicio público y violación a los derechos por parte de instituciones públicas, como: Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara, Secretaría de Educación del Estado, DIF Guadalajara, Fiscalía, Ayuntamiento de Tlaquepaque, Ayuntamiento de Poncitlán y Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos.
Entre 2022 y 2023 el organismo emitió tres recomendaciones. La recomendación 32/2022 que fue dirigida al Congreso del Estado de Jalisco y diversas autoridades por el caso de 25 personas desaparecidas, cuyos casos no fueron abordados con enfoque diferenciado.
Las recomendaciones 5/2023 y 14/2023, fueron emitidas por hostigamiento en agravio de una persona de la diversidad sexual y por la falta de acceso a la justicia y debida diligencia en un caso de violencia feminicida.
Erradicar las terapias de conversión es un tema pendiente en Jalisco
Por último, el académico señaló que otro de los grandes pendientes que se tienen con esta población es la erradicación de las terapias de conversión, que aunque son castigadas, siguen operando en la clandestinidad.
”Se han tenido avances en el sentido de que se legisla, pero un problema muy grande en el estado es que estas terapias de conversión no están vistas o no se identifican de manera general como tal, no están vistas como tal, porque se encubren por ejemplo a través de asociaciones religiosas, asociaciones también donde las personas reciben tratamiento para drogas, para alcohol".
La Cámara de Diputadxs ha hablado ????: ¡Las mal llamadas "terapias" de conversión o #ECOSIG quedan prohibidas a nivel nacional! ????
— colectivo diverso (@diversoudg) March 27, 2024
Desde Jalisco, nuestros representantes en la Cámara hicieron oír su voz: 13 votos a favor, 5 en contra, 4 abstenciones y 7 ausencias. ????️ pic.twitter.com/NIEEjhv45w
En 2022, el Congreso aprobó la prohibición de estas prácticas, que contemplaba únicamente sanciones económicas de los 4 mil 800 a los 28 mil 600 pesos. Sin embargo, con la reciente aprobación del Senado, de forma definitiva y a nivel nacional, quien realice las “terapias de conversión” podrá recibir sentencia de prisión de entre dos y seis años, así como una multa que oscila de 108 mil a 216 mil pesos.
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