Congreso de Nuevo León retrasa sesión por nombramiento de consejero de la Judicatura
Los líderes de las bancadas legislativas del Congreso de Nuevo León sostuvieron una reunión para hablar del tema.
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El gobernador de Nuevo León, Samuel García propuso a Carlos Mendoza Cano como consejero de la Judicatura. | Jorge López
Diputados locales pospusieron el inicio de la sesión del Pleno del Congreso de Nuevo León el martes 29 de abril, ante la falta de consensos respecto a la propuesta presentada ayer por el gobernador Samuel García, quien propuso a Carlos Mendoza Cano como Consejero de la Judicatura local. Mendoza Cano se ha desempeñado como exprocurador Fiscal y como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE).
Desde las 11:00 horas los coordinadores del PRI, PAN, MORENA Y MC, Heriberto Treviño, Carlos de la Fuente, Mario Soto y Miguel Ángel Flores, mantenían reuniones para ver el tema.
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Pasadas las 12:58 horas seguían las conversaciones entre diputados.
Mendoza Cano fue Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León, y quién fungió como titular de la UIFE bajo la administración del gobernador Samuel García, Carlos Mendoza Cano, presentó en 2022 su documentación para inscribirse como candidato a la titularidad de la Fiscalía General de Justicia.
Durante el conflicto entre el gobernador y el Congreso del Estado en la pasada legislatura, Mendoza Cano fue removido de su cargo en la UIFE, pues fue acusado por la bancada del Partido Acción Nacional de realizar carpetas a modo.
¿Cuál es la función del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Nuevo León?
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León es un órgano auxiliar del Poder Judicial encargado de la administración, vigilancia, disciplina y organización de este poder, con el objetivo de garantizar su independencia, eficiencia y transparencia en la impartición de justicia. Sus principales funciones, según la Constitución Política del Estado de Nuevo León y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, incluyen:
Administración del Poder Judicial: Gestionar y ejercer el presupuesto asignado, asegurando la autonomía financiera del Poder Judicial.
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Nombramientos y remociones: Designar, adscribir, confirmar o remover al personal del Poder Judicial, excepto al del Tribunal Superior de Justicia y casos con procedimientos específicos.
Creación y organización de juzgados: Definir distritos judiciales, el número, materia y ubicación de los juzgados, así como crear nuevos juzgados con sustento presupuestal.
Reglamentación: Expedir y modificar reglamentos y acuerdos para el funcionamiento del Poder Judicial, salvo los del Tribunal Superior de Justicia.
Vigilancia y disciplina: Supervisar el desempeño de los servidores públicos judiciales, resolver quejas no jurisdiccionales y, en su caso, imponer medidas disciplinarias.
Mejora de la justicia: Proponer medidas para optimizar la administración de justicia y exhortar a jueces y magistrados al cumplimiento de sus deberes.
Formación y capacitación: A través del Instituto de la Judicatura, desarrollar programas de investigación, formación y actualización para los miembros del Poder Judicial y aspirantes.
Transparencia: Cumplir con normas de acceso a la información pública y protección de datos personales.
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