Denuncian a 'El Bronco' y a otros ex funcionarios por proyecto de la Ecovía

Los problemas legales se le siguen acumulando al ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, tras su detención por presuntos delitos electorales este martes. 

Ahora, la polémica requisa de Ecovía, ordenada por 'El Bronco' durante su primer informe de gobierno el 13 de octubre de 2016, fue denunciada de manera penal por el Gobierno del Estado ante la Fiscalía Anticorrupción bajo la presunción de abuso de autoridad. 

En tanto, el organismo a cargo de Javier Garza y Garza presentó este día ante el Juez el expediente por el que se busca imputar a varios ex funcionarios.   

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Por estos hechos, se solicita investigar a Rodríguez Calderón, al ex secretario de Desarrollo Sustentable, Roberto Russildi, al ex director de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria, y ax titular de Metrorrey, Manuel Fernández González.

Este último, vinculado a proceso el mes pasado por cobrar el sueldo de funcionario pese a ausentarse del cargo por más de un año, fue designado en su momento como administrador de la requisa.

No obstante, la base de la demanda, cuya carpeta de investigación quedó bajo el archivo 05/2020-UI3FECC, señala que nunca se le dio a la empresa afectada, Servicio de Transporte Tecno Ecológico, los elementos para revertir dicha requisa.

"Al inobservar la naturaleza temporal de dicha medida de seguridad, y al no comunicar las acciones correctivas con las que debería cumplir dicho concesionario a fin de que la medida de seguridad impuesta fuera levantada, convirtiéndose en un acto autoritario que afectó los bienes y derechos de la empresa", se establece.

Con esa acción, se agrega, Servicio de Transporte Tecno Ecológico quedó impedida para disponer de sus bienes, recursos económicos y humanos en la operación y servicio de la concesión otorgada.

La denuncia se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Javier Garza y Garza.  

Más denuncias a funcionarios

La Fiscalía Anticorrupción iniciará una investigación contra Eduardo Pulido Quintanilla y María Eugenia Rodríguez Monreal, funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, por los delitos de "ilícito en ejercicio del servicio público" y "ejercicio abusivo de funciones", presuntamente al no presentarse a laborar desde el 2017 al 2021, por lo cual habrían recibido sueldo y prestaciones cercanas a los 2 millones de pesos.

Fue la Contraloría Estatal la que presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, en donde se señaló que Eduardo Pulido Quintanilla, quien laboraba en la Secretaría de Infraestructura como coordinador de la Dirección de Bienestar Ciudadano, dejó de presentarse a laborar desde que María Eugenia Rodríguez Monreal asumió el cargo de directora de Bienestar Ciudadano. 

rcm