Piden que se reactive programa de restitución de derechos a hijos de víctimas de feminicidio en Coahuila
El apoyo de la antigua administración en el estado era de 4 mil pesos mensuales, despensa y acompañamiento legal y psicológico.
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Piden reactivar programa de apoyos para hijos de víctimas de feminicidio.
El programa de restitución de derechos para hijos de víctima de violencia feminicida, implementado en el sexenio anterior, dejó de entregarse con el cambio de administración, según afirmó Sandra Soto, hermana de una víctima de feminicidio en el municipio de Torreón, que pidió la intervención del gobernador Manolo Jiménez para reactivar la entrega de este apoyo.
Sandra Soto señaló que el apoyo que hasta el mes de diciembre se entregaba a los hijos de las mujeres víctimas de feminicidio en Coahuila era de 4 mil pesos mensuales, una despensa y acompañamiento legal y psicológico.
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Explicó que la creación de este programa de restitución de derechos se logró tras interponer una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 2018.
“Estamos preocupados y hacemos un llamado al gobernador nuevo que llegó a la administración para que active este programa, ya que los niños necesitan precisamente lograr esta estabilidad y que es lo que hemos venido exigiendo, que sea de forma automática en cuanto la mujer sea asesinada pueda implementarse este protocolo de atención a los niños víctimas colaterales de feminicidio por el asesinato de su mamá, para que se les restituyan todos sus derechos”, afirmó Sandra Soto.
Sólo hay 6 sentencias máximas por feminicidio en Coahuila
De acuerdo a datos del Poder Judicial del Estado de Coahuila se han judicializado un total de 72 causas penales por delitos de feminicidios resueltos por procedimientos abreviados y juicios orales, de los cuales sólo en 6 casos se fijaron sentencias máximas que van de los 60 a los 182 y 4 meses de pena de cárcel.
Como ejemplo de ésto están dos casos donde las penas superan los 100 años, el que causó gran impacto por la crueldad con que Francisco Jordan Meza Chacón en el 2019, quitó la vida a Gabriela en la colonia La Valencia en Saltillo, Coahuila y la pena por dicho asesinato fue de 156 años de cárcel por el delito de secuestro agravado, feminicidio, ocultamiento, mutilación o destrucción del cadáver o de sus restos.
Además de pagar 675 mil 920 pesos como multa y una reparación del daño equivalente a 422 mil 450 pesos.
El segundo caso con una pena de 182 años y 4 meses de sentencia, en Torreón el 7 de mayo de 2020, por matar a tres hermanas Cecilia, Dora y Araceli, de profesión enfermeras, además de una reparación del daño por 5 millones 481 mil 190 pesos y una multa de 781 mil 920 pesos.
Los otros casos van desde los 60 y 75 años de cárcel, cuyos datos según la causa penal van desde el 2015 a la fecha, pero estas penas se alcanzan sólo cuando hay juicios orales, solo un caso fue excepción y fue un procedimiento abreviado.
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Los casos de 60 años de prisión se dictaron así: 1 caso región carbonífera, David Olivo Vázquez sentenciado a 60 años por el delito feminicidio incineración y ocultamiento de cadáver.
En San Pedro, Coahuila, José Cruz Favela Favela fue condenado a 60 años mediante procedimiento abreviado.
En el caso de Torreón aparecen otros dos casos: el de Jesús Abraham Cruz Ramírez, sentenciado a 75 años por el delito de feminicidio y homicidio calificado cometido con alevosía y ventaja.
Y el de Salvador Serratos Martínez castigado con 60 años de cárcel.
Coahuila está entre los 10 estados con mayor impunidad
México Evalúa presentó la décima edición de su reporte de ‘Hallazgos 2022’, que es el seguimiento y evaluación de la justicia penal en México.
Destaca Coahuila en el top 10 de delitos sin castigo en feminicidio, homicidio doloso, violación sexual, violencia familiar, abuso sexual y extorsión.
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Además mantiene un índice de impunidad general del 96.3 por ciento en los casos denunciados ante el Ministerio Público.
En cuanto a la atención a víctimas, asesoría y reparación de daño por la Comisión Estatal de Ejecutiva de Atención a Víctimas es del 52 por ciento y la carga de trabajo para los defensores públicos se reporta con 190 personas representadas por ellos y 185 atendidas por defensores públicos.
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