A 7 años de su creación, Fiscalía Anticorrupción de Jalisco reporta avances en la judicialización de casos
Al menos cinco exsecretarios y 364 funcionarios han sido vinculados por corrupción.
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Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar / Especial
A siete años de la entrada en funciones de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, su titular, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, presentó un balance sobre el trabajo realizado, destacando avances en la apertura de investigaciones, judicialización de casos y vinculación a proceso de servidores públicos de distintos niveles.
Desde el inicio de operaciones de esta fiscalía, se han abierto un total de 6 mil 898 carpetas de investigación relacionadas con hechos de corrupción. De ese universo, 500 carpetas han sido judicializadas, aunque aún no se ha podido celebrar audiencia inicial en todos los casos.
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Actualmente, existen más de 100 carpetas en espera de fecha de audiencia, y todavía se están desahogando audiencias de casos judicializados hace más de un año.
De las carpetas que sí han llegado a audiencia inicial, se ha logrado la vinculación a proceso de 364 servidores públicos, entre los que se encuentran cinco ex secretarios de distintas dependencias del gobierno de Jalisco durante la administración de Aristóteles Sandoval, incluyendo a los titulares de Salud, Educación y al exjefe de gabinete.
En cuanto a medidas cautelares, 41 funcionarios han sido sometidos a prisión preventiva desde el inicio de los trabajos de la fiscalía, y actualmente alrededor de 10 personas continúan privadas de su libertad bajo esta figura. Otros vinculados a proceso incluyen presidentes municipales, síndicos, un juez y un magistrado.
De más de 3 mil carpetas de investigación, 15 casos han derivado en sentencias judiciales.
Del total de carpetas de investigación iniciadas, 3 mil 119 fueron concluidas al determinarse que no existía delito que perseguir, mientras que 15 casos han derivado en sentencias judiciales. De estas sentencias, 13 han sido condenatorias y 2 absolutorias.
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No obstante, el fiscal De la Cruz Tovar aclaró que evaluar la efectividad del sistema únicamente con base en sentencias resulta impreciso, ya que el modelo procesal penal contempla diversas formas de terminación anticipada.
En ese sentido, destacó la existencia de 91 suspensiones condicionales del proceso, las cuales también implican consecuencias jurídicas, como la reparación del daño. Este último es uno de los principales objetivos de la fiscalía, aunque no siempre es posible lograrlo, debido a las limitaciones que impone la evidencia disponible y las condiciones de cada caso.
Hasta la fecha, se ha logrado la inhabilitación de 13 funcionarios públicos, algunos por periodos de hasta 20 años.
Respecto a los delitos más comunes investigados por la fiscalía, el abuso de autoridad encabeza la lista, seguido por peculado y cohecho, lo que refleja un patrón de uso indebido del poder público y desvío de recursos en distintas áreas del gobierno.
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