En León, 2 de 17 instancias de gobierno atienden casos de discriminación

En el municipio de León, solo dos instancias de gobierno de las 17 que han sido evaluadas, cuentan con mecanismos que permiten atender casos de discriminación, esto de acuerdo con el Seguimiento a la Implementación de Buenas Prácticas enfocadas a la Norma 025 de Igualdad Laboral y No Discriminación.

Los resultados que se presentan en el documento, reflejan que solo la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, así como en el Instituto Municipal de Vivienda, cuentan con una política de igualdad laboral y no discriminación; mientras que en otras como el Patronato de la Feria, el DIF León o el Instituto Municipal de la Juventud (que conforman las otras 15 instancias evaluadas), no se posee esta herramienta.

No obstante, la situación es preocupante dado que, tomando como base el documento, en seis de estas 17 instancias (el DIF León, el Sistema de Alcantarillado y Agua Potable de León, el Instituto Cultural de León, el Parque Metropolitano de León, el Instituto Municipal de Vivienda y el Fideicomiso de Obras por Cooperación), se han presentado este tipo de casos, los cuales han sido canalizados a las dependencias correspondientes.

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De acuerdo con la regidora Lucía Verdín, diversos actos de discriminación han ocurrido desde hace algún tiempo dentro de las instancias de gobierno; sin embargo, pese a ello no se les ha otorgado la importancia debida, tanto al ser atendidos como al castigar los actos de discriminación.

En primer lugar, explicó que no existe un documento que permita llevar el registro de los casos que se hayan presentado hasta el momento, sin mencionar que los actos de discriminación no son clasificados como graves.

"De manera general no hay registro, porque justo, viene de la política, pues no hay obligación, no hay registro […] desafortunadamente no es algo nuevo […] lo cierto es que no hay políticas de igualdad y no discriminación dentro de las instituciones, dentro de las dependencias", comentó.

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Además, comenta que cuando estos ocurren, usualmente las sanciones para los funcionarios son de permanecer cierto tiempo fuera de sus cargos, y pese a que se pretende aplicar normas como la 035, para conocer cuáles dependencias tienen políticas contra la discriminación, no hay una política normativa para ella.

“No hay ninguna fracción que hable de discriminación. No hay ninguna posibilidad de decir cuantas personas fueron discriminadas en esta institución, porque no hay una, pues sí, una especificidad en las sanciones. Esto quedará marcado como una falta de respeto, como un abuso de funciones, como otras cosas que no necesariamente son discriminación”, explicó.

Aunado a ello, la sanción máxima para los agresores es de doce meses fuera de sus cargos a través de la contraloría, donde se promete protección a las víctimas; pero para todas aquellas que denuncias por fuera, se emiten únicamente recomendaciones.

Y es justamente esta desatención la que en ocasiones trae consigo consecuencias graves para ellas, pues en algunos casos pierden sus empleos e incluso recurren al suicidio.

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PCQG