Juez ordena suspender desaparición del Fidesseg; empresarios de León promueven amparo
Un juez concedió al Consejo Coordinador Empresarial de León una suspensión provisional promovida por los integrantes de esta asociación.
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La audiencia constitucional para resolver si se concede o no la suspensión definitiva contra la extinción del fideicomiso se realizará en enero.
El juez décimo segundo de distrito con sede en el municipio de León concedió al Consejo Coordinador Empresarial de León una suspensión provisional promovida por los integrantes de esta asociación contra la expedición del decreto gubernativo número 7 que ordena la desaparición del Fidesseg.
De este modo el recurso promovido por los empresarios miembros del CCEL quedó bajo el expediente número 1257/2024 con fecha del 27 de noviembre de 2024 mismo que se presentó el pasado lunes 25 del presente mes ante la mesa VII.
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“Se requiere a la autoridad responsable para que rinda su informe previo (...) Se concede la suspensión provisional. No es necesario fijar caución a la parte quejosa, Se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio y la glosa de promociones sin acuerdo a criterio del secretario” reza la síntesis del documento publicada en la lista de acuerdos del portal del Consejo de la Judicatura Federal.
Según lo expuesto en los acuerdos del portal el acto reclamado es un amparo contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general en donde el acto reclamado específico es la expedición del decreto número 7 publicado en el mes de octubre de este año en el periódico oficial del estado que a la letra dice:
“Se autoriza la extinción del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el estado de Guanajuato, identificado como Fidesseg, como una entidad de la administración pública estatal”.
Los abogados del Consejo Coordinador Empresarial de León argumentan que con la expedición del decreto se estarían violando los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que hacen referencia a procedimientos judiciales y a que ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
La audiencia constitucional para resolver si se concede o no la suspensión definitiva contra la extinción del fideicomiso se realizará el próximo 20 de enero de 2025 en punto de las diez de la mañana con siete minutos
“Se señalan las diez horas con siete minutos del veinte de enero de dos mil veinticinco, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.Se da vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En el presente asunto no se advierte la existencia de un tercero interesado, por lo cual, no se ordena su emplazamiento. se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales” agrega el acuerdo.
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El pasado 23 de octubre la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, publicó un decreto que extingue el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar Obras, Infraestructura, Proyectos y Acciones Prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública.
Tras la publicación se decidió que los recursos del Fidesseg de aproximadamente mil 500 millones de pesos pasarían la Secretaría del Nuevo Comienzo para su administración y decisión sobre el destino de ellos mediante los instrumentos creados para ello.
Actuamos de buena fe: CCEL
Mediante un comunicado emitido por el CCEL se asegura que se plantearon propuestas para mejorar la eficiencia, transparencia y agilidad de las reglas de operación que el propio gobierno de Guanajuato estableció para este fideicomiso,mismas que aseguraron han estado cerca de concretarse.
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Ello “a través de una iniciativa que presentamos a la Gobernadora el 11 de noviembre del presente, demostrando la viabilidad, legitimidad y sustento jurídicos de las propuestas ahí planteadas, por lo que hacemos votos para que se puedan concretar en acuerdos formales y en disposiciones legales a la brevedad posible, fortaleciendo el modelo de responsabilidad social compartida”.
Los miembros del consejo reiteraron su compromiso en favor de programas sostenibles para ayuda social que verdaderamente generen desarrollo humano con autosuficiencia a quienes lo necesitan.
“Así mismo, consideramos inadecuada la política de apoyos sociales con propósitos clientelares que sólo buscan compromisos político-electorales, que pueden remediar momentáneamente ciertas necesidades, pero que generan dependencia y limitan la capacidad autogestiva de los ciudadanos para construir un bienestar sustentable”
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