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Abogados de la Junta de Conciliación 33 de Puebla denuncian violación a sus derechos humanos

Abogados denuncian que el cierre de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 33 es una violación a sus derechos humanos.

Verónica López Puebla. /

Defensores laboralistas amagaron con recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Congreso de la Unión, además de promover amparos para solicitar que se reanuden las actividades en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) número 33, con sede en Puebla.

Los litigantes que mantienen desde la semana pasada una protesta en las oficinas de la JFCA, bloquearon esta mañana la circulación vehicular sobre la 31 Poniente y la 29 sur, en la capital del estado, como medida de presión para exigir que se reanuden las labores en esta oficina y se respeten los derechos de cientos de trabajadores.

El movimiento Abogadas y Abogados Laboralistas continúa con el resguardo de las instalaciones de esta Junta para impedir que diez mil expedientes sean trasladados a las sedes de Oaxaca y Tlaxcala, ante el decreto que se dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Acusan violaciones a derechos en cierre de la Junta de Conciliación número 33 en Puebla

Durante el bloqueo, resaltaron que el cierre y supresión de la Junta Especial número 33 “es violatorio del derecho de acceso a la justicia contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos convenios internacionales”.

Además, señalaron que temen ser desalojados por la Guardia Nacional y acusaron que hasta el momento no han recibido respuesta por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre su demanda.

Cierre de la Junta de Conciliación 33 afectará económicamente a abogados

Agregaron que el cierre acarrearía gastos inaccesibles a las y los trabajadores para traslados a audiencias, así como complicaciones para personas de la tercera edad y con alguna discapacidad o movilidad reducida.

De esta forma, calificaron como “arbitraria, ilegal, inconstitucional e inconvencional”, el cierre de esta oficina al señalar que violenta “flagrantemente los derechos humanos de las y los actores, principalmente el de acceder a la justicia de manera pronta y expedita”.

“Para que exista el acceso a la justicia para todos los trabajadores que están reclamando el reconocimiento de un derecho o el pago de alguna prestación. No al cierre por favor, sabemos que hay mucha gente, que, en algún momento de su vida, acudió a la Junta Federal a tramitar alguna petición”, señaló Leiversein Martínez, uno de los litigantes en la manifestación.

De esta forma, anunciaron que acudirán ante instancias internacionales para pedir que esta oficina siga operando hasta que concluya el último juicio.

ERV


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