Jueces y magistrados de Nuevo León rechazan la reforma al Poder Judicial de la Federación
El director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces, dijo que los agremiados respaldan continuar con la autonomía del Poder Judicial.
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Los miembros del Poder Judicial ven la iniciativa de reforma como peligrosa para miles de trabajadores. | Archivo
Ayer, jueces y magistrados del estado de Nuevo León se reunieron para discutir la iniciativa presidencial de Reforma Constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF). Tras deliberar, decidieron rechazar dicha propuesta, considerada controvertida.
En un mensaje a nombre de los integrantes del Poder Judicial, el magistrado Antonio Ceja Ochoa, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces, dijo que los agremiados respaldan continuar con la autonomía del PJF y dicen no a la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
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El magistrado Ceja Ochoa aclaró que es falso que los jueces liberen delincuentes, rechazó que tengan un interés político, y que es un error mezclar la justicia social y la política con la impartición de justicia, entre otros puntos que destacaron.
“Es falso que liberemos delincuentes, liberamos personas cuya culpabilidad no se ha comprobado; amparamos hoy y siempre al perseguido sin pruebas con el derecho como fundamento. Es falso que la elección de jueces por voto popular sea la mejor manera de solucionar los problemas de justicia en México. Lo que realmente se pretende es destruir la única institución pública que ha frenado la instauración del poder político absoluto”, afirmó Ceja Ochoa.
Los jueces y magistrados también destacaron que el juicio de amparo, que ha sido cuestionado por Morena, el partido del presidente, es el único escudo ante los actos autoritarios.
“Cuando el Poder Judicial de la Federación deje de ser independiente, deje de ser control y freno del poder político, cuando el Poder Judicial sea servil, sea populista, consolide ideologías de partidos políticos, nadie de los que habitamos este país, incluidos quienes hoy promueven y alientan su desmantelamiento, tendrán seguridad en el respeto de nuestros derechos humanos”, sentenció.
Por su parte, la magistrada Dafne Miroslava Carrillo de León expuso la preocupación de 54 mil trabajadores del PJF de perder prestaciones, sus trabajos y dejar en el desamparo a sus familias.
“No existe la certeza de que no seremos afectados en nuestras prestaciones, e incluso en la conservación de nuestros trabajos (...) estamos preocupados por esta reforma que nos pone a todos en riesgo”, explicó.
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