Mejorar la seguridad de los juzgados penales en Jalisco es responsabilidad del gobierno federal, dice el presidente del STJE
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se pronunció de esta manera tras el intento de fuga en un juzgado de Chapala.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, mencionó que existe una falta de presupuesto del gobierno federal para concretar espacios seguros para los procesos penales en el estado.
Espinosa Licón se refirió de esta manera luego de que el 17 de noviembre, un detenido trató de escapar con unas tijeras y amenazó al Ministerio Público, juez y defensor de oficio, en el Juzgado Penal de Control y Oralidad de Chapala, Jalisco.
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“Deficientes presupuestos no analizados desde la federación, que no fortalecen a los estados con debilidades como la que vimos el día de ayer, una fuga con unas condiciones en la que nos decimos preguntamos cómo sucedió esto, porque tenemos todos los días audiencias, tenemos tres jueces que quieren desahogar sus audiencias”, explicó el funcionario.
El hombre señalado como Tomás ‘N’, trató de escapar de las autoridades después de haber sido acusado por robo calificado y homicidio en grado de tentativa. El supuesto delincuente tomó una arma punzocortante, rompió una de las ventanas del juzgado y después intentó huir.
A través de un video de la audiencia que fue compartido en redes sociales, se puede apreciar cómo es que el hombre aprovechó el descuido de una mujer para tomar un arma punzocortante de una bolsa que estaba sobre el escritorio. Después, el supuesto delincuente amenazó a los presentes para que lo dejaran ir. No obstante, la situación no mejoró cuando Tomás ‘N’ agarró una de las sillas y en medio del desorden, rompió una ventana por donde pudo salir, dejando vidrios rotos en el piso y la silla abandonada afuera del juzgado.
De acuerdo a Espinosa Licón, en la sala de juntas se realizaban dos audiencias, siendo la otra de ellas la de los tres menores capturados por su implicación en la balacera de Tizapán el Alto, el 10 de noviembre. Sin embargo, aceptó que hubo una irresponsabilidad institucional y no se cumplieron con los protocolos de seguridad.
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