Suman 50 casos de violencia intrafamiliar por elementos de policía: Temen denunciar

En Guanajuato, asociaciones civiles por la defensa de las mujeres han recibido desde enero del 2020 hasta noviembre del 2021 por lo menos 50 casos de mujeres víctimas de violencia de pareja-intrafamiliar, infringidas por elementos de policías municipales.

”Hay una serie de casos donde están vinculados personal de las instancias municipales y estatales de corporaciones policiacas, donde buscamos el acercamiento con las autoridades para que se hagan cargo del tipo de funcionarios públicos que contratan y para que no hagan uso de los recursos públicos que como funcionarios públicos tienen, para violentar a las mujeres” explica Iovana Rocha, activista por los derechos de la mujer.

El cargo que ocupan y su relación con las instituciones de seguridad han sido el factor que las llena de miedo para presentar sus denuncias. Si bien la Procuraduría de los Derechos Humanos puede emitir recomendaciones cuando los elementos infringen normas o violentan a civiles, no existen protocolos diseñados para estos casos específicos.

”Ellas lo dicen ‘¿A quién le llamo yo que vivo con un policía?’. Les dicen que si llaman a la policía nadie va a venir a ayudarles, por qué sus compañeros saben que no pueden venir a ayudarles, y las amenazan con que si llaman, les va a ir peor. Ellas tienen miedo de denunciar y esto ocurre con policías municipales y policías del estado”

Los principales casos de abuso se han detectado en Guanajuato Capital, León, Irapuato y Silao, en donde se ha dado aviso a las corporaciones y se ha brindado acompañamiento psicológico a las víctimas.

”Es conocido que las dinámicas policiales, en muy pocas corporaciones existen mecanismos de contención donde traen historias de vida con muchas violencias que no son atendidas y que su trabajo hace que día a día estén en escenarios de confrontación, llegan a sus espacios familiares donde lo replican ante mujeres y niños que consideran vulnerables” añadió

Guanajuato cuenta sólo con tres albergues estatales para resguardo con una capacidad para 45 mujeres y sus núcleos, por lo cual ante el miedo muchas de ellas recurren a asociaciones que las ayuden a desplazarse y salir del estado. Desde la sociedad civil se urge a la creación de verdaderas políticas públicas que prevengan y sancionen todo tipo de violencia.

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SEMY