Rancho en Teuchitlán ya había sido asegurado en 2024, ¿hubo fallas en la investigación de la Fiscalía?
Colectivos de búsqueda de personas aseguran que la Fiscalía de Jalisco no hizo bien su trabajo.
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Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco / Especial
El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que en septiembre de 2024 fue asegurado el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, un sitio que sirvió como lugar de adiestramiento del crimen organizado y donde se localizaron tres crematorios clandestinos con restos óseos, hallazgo confirmado el 6 de marzo.
Esta declaración surgió a raíz de que colectivos de buscadores ventilaron que la Fiscalía de Jalisco no hizo bien su trabajo para recolectar indicios en Teuchitlán, por lo que el González de los Santos adelantó que habrá una investigación para fincar responsabilidades.
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“La primera búsqueda de restos humanos encabezada por la Fiscalía del Estado ocurrió el 18 de septiembre pasado y se prolongó hasta octubre, participaron más de 10 personas. Se contó con una retroexcavadora, medidores de compactación del suelo y binomios caninos. Sin embargo, ante los recientes hallazgos, los trabajos fueron insuficientes. Ante ellos, iniciamos una investigación para poder determinar posibles omisiones de cualquier autoridad y fincar responsabilidades”, aseguró.
El fiscal, quien acudió al rancho Izarrigue, ubicado en la localidad de La Estanzuela, Teuchitlán, a casi 58 kilómetros del Centro de Guadalajara, sostuvo que en el lugar que ya había sido asegurado tras recabar indicios en septiembre de 2024, no hubo más actividad criminal.
“Los peritos, las evidencias encontradas en esto momentos nos indican que no existió actividad en este punto después de que fue asegurado en septiembre pasado, es decir, no hubo actividad delictiva entre septiembre y el momento en que entraron los colectivos. No obstante, el trabajo pericial continúa para determina la antigüedad exacta de los restos y sus posibles identificaciones”, explicó.
Esto es lo que hacían en el rancho de Teuchitlán
El colectivo dirigido por Indira Navarro encontró cientos de prendas de ropa, restos óseos y evidencias de crematorios improvisados. Los jóvenes eran engañados con ofertas de trabajo y llevados allí, donde les quitaban sus pertenencias y los sometían a un duro entrenamiento.
Muchos eran enviados como “carne de cañón” a otros estados o asesinados en el lugar, que ha sido comparado con un campo de exterminio, según Indira.
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“A nosotros nos tocó el tema de los reclutados que estaban en la centra y sabíamos que eran muchísimos jóvenes que eran engañados por estas ofertas de trabajo, pero nos preguntábamos a dónde los llevaban. Pensábamos que los llevaban a la Sierra, pero estamos a 58 kilómetros de la Estanzuela, y no era el único centro de reclutamiento, porque era un sitio de adiestramiento y aunque se escuche feo, de exterminio”, mencionó Navarro.
De acuerdo a la dirigente del colectivo, algunas víctimas que sobrevivieron a este lugar afirmaron que era “el infierno”, ya que mataban a la gente y los obligaban a cavar hoyos y poner una plancha de piedra para echar los cuerpos ahí y prenderles fuego.
El modus operandi del crimen organizado incluye reclutar jóvenes a la central de autobuses o a través de videojuegos en línea, ofreciendo salarios atractivos. Una vez en el rancho, los despersonalizan con apodos y los someten a un brutal entrenamiento.
“Terminaban a veces un mes que duraban en el reclutamiento tan duro, y los mandaban a la guerrilla, decían ellos, como carne de cañón, a lo que era Zacatecas, lo que era Michoacán y todas las colindancias pues para ver quiénes sobrevivían a este tema. Y pues se trata de nuestros jóvenes, se trata de no uno, ni dos, ni tres, de cientos de jóvenes porque esta finca tenía alrededor de tres años operando”, detalló.
A pesar de que la Fiscalía y la Guardia Nacional catearon el rancho en 2024, aparentemente no dieron importancia a estas evidencias y abandonaron el lugar sin resguardo adecuado, señaló Indira, quien criticó la falta de acción de las autoridades estatales y solicitó intervención del gobierno federal.
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