Denuncian desvío de 5 millones de pesos del OSIAPA en Unión de Tula, Jalisco
La presidenta municipal de Unión de Tula precisó que se detectó un faltante durante la administración de José Rafael Solís Santoyo como titular del organismo.
La presidenta municipal de Unión de Tula, María Esther Torres Magaña, reveló que durante la revisión financiera del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (OSIAPA), correspondiente a la administración anterior, se detectó un desvío de recursos por un monto de cinco millones de pesos.
La irregularidad habría ocurrido durante el ejercicio 2024, cuando José Rafael Solís Santoyo se encontraba al frente del organismo. Torres Magaña detalló que, al realizar una revisión exhaustiva, no se encontró documentación que respalde en qué fueron utilizados esos recursos.
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“No tenemos un solo documento que demuestre a dónde se fueron esos 5 millones que nada más ocurrieron en el año 2024. Ni una sola evidencia fotográfica de lo que dicen que repararon, ni un solo reporte con pruebas sólidas, no tenemos absolutamente nada, solo las facturas, pero nadie sabe ni qué arreglaron ni dónde están esos 5 millones de pesos”, señaló.
Según informó la alcaldesa, ya se presentaron las denuncias correspondientes ante las autoridades para que se realicen las investigaciones pertinentes y se esclarezca el destino de los fondos públicos desaparecidos.
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— Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) October 25, 2024
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Hasta el momento, José Rafael Solís Santoyo no ha emitido declaración alguna en respuesta a las acusaciones. Mientras tanto, la comunidad de Unión de Tula permanece atenta a los avances de la investigación, en espera de que las autoridades den a conocer mayores detalles sobre el proceso.
¿Cuáles son las sanciones por desvío de recursos públicos en México?
En México, el desvío de recursos públicos constituye un delito grave que puede acarrear severas sanciones penales y administrativas. De acuerdo con la legislación vigente, las penas pueden incluir prisión, cuya duración varía dependiendo del monto del recurso desviado y de los agravantes del caso. Además, se contemplan multas que van desde 30 hasta 3000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente.
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En el ámbito administrativo, las sanciones comprenden la suspensión temporal del cargo, la destitución definitiva y la inhabilitación para ocupar puestos públicos por períodos que pueden oscilar entre 3 meses y 10 años. Asimismo, las autoridades pueden imponer sanciones económicas proporcionales al daño causado, conforme a lo estipulado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La gravedad de las acusaciones contra el exdirector de OSIAPA podría derivar en acciones legales importantes si se confirma el presunto desvío. Por ahora, las autoridades municipales insisten en su compromiso de esclarecer el caso y de garantizar la correcta utilización de los recursos públicos, fundamentales para el desarrollo y el bienestar de la población de Unión de Tula.
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