Víctimas de AJP exigen judicialización de carpetas y más detenciones
Afectados por AJP piden avances en la detención de responsables clave y la judicialización de carpetas para recuperar propiedades incautadas en Guadalajara.
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Despacho de AJP en Guadalajara / Juan Carlos Munguía
Han pasado más de dos años desde que comenzó la investigación por el fraude masivo de AJP en Guadalajara. A pesar de que algunos implicados ya han sido detenidos, las víctimas del fraude, organizadas en la Comisión de Afectados de AJP, continúan exigiendo avances significativos en la judicialización de las carpetas de investigación.
Para muchos, el proceso ha sido demasiado lento, y aún esperan que las autoridades logren la captura de los principales responsables del esquema, como Gloria Suárez, esposa de Luis Oswaldo, fundador de AJP, y otras personas involucradas en el fraude.
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¿Qué avances ha habido en el caso AJP?
El avance en las detenciones ha generado algo de optimismo, pero para las víctimas, el proceso sigue siendo insuficiente. Oscar Mijes, sobrino de Luis Oswaldo, es uno de los detenidos, pero los afectados insisten en que aún faltan personajes clave por ser llevados ante la justicia.
Este retraso también ha detenido el proceso de recuperación de las propiedades incautadas, las cuales podrían ayudar a las víctimas a recuperar al menos parte de lo perdido.
A pesar de los esfuerzos de las víctimas y las manifestaciones que han realizado, Rosa Isela Becerra, representante de la Comisión de Afectados de AJP, señala que los avances son limitados. Aunque la Fiscalía ha comenzado a atender sus demandas, el proceso de detención de los principales implicados sigue pendiente.
Becerra enfatizó que los afectados han presionado constantemente, logrando ser escuchados por Manuel Gutiérrez, director de Patrimoniales, quien les ha estado actualizando sobre el estado de la investigación de manera semanal.
Además de las detenciones que ya se han realizado, los afectados buscan que se celebre una audiencia donde puedan presentar pruebas y que el juez de control emita un dictamen que catalogue oficialmente el caso como fraude.
De este modo, esperan que la Procuraduría pueda actuar sobre las propiedades incautadas y avanzar en la restitución de sus bienes.
¿Qué pasa con los amparos y las propiedades incautadas?
Otro problema que enfrentan las víctimas es la resolución de amparos relacionados con las propiedades incautadas. Según Rosa Isela Becerra, varias personas han presentado amparos para recuperar propiedades que fueron inmovilizadas por la Fiscalía, lo que ha retrasado aún más el proceso.
Las víctimas, quienes se consideran terceros afectados, argumentan que no deberían estar involucradas en estos amparos y que la resolución debería centrarse en la restitución de sus bienes.
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Los abogados de las víctimas, Ulises Arias y Emmanuel López, han estado trabajando para contestar los amparos y aclarar la situación ante el juez. Sin embargo, los avances en este tema han sido lentos. Las víctimas esperan que en las próximas semanas se logren soluciones que permitan avanzar en la recuperación de las propiedades.
A pesar de la incertidumbre, Becerra agradeció el apoyo del gobernador electo, Pablo Lemus Navarro, quien se ha comprometido a trabajar junto con las víctimas para encontrar una solución. Hasta la última actualización, se estimaba que el número de afectados ascendía a mil 319, con un monto total defraudado de mil 809 millones de pesos.
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