América Latina avanza en políticas públicas de matrimonio gay

 El matrimonio gay en América Latina ha avanzado de manera impresionante en los últimos 15 años y hoy cerca del 80 por ciento de sus habitantes tiene la posibilidad de acceder a este derecho, aseguró el investigador mexicano Jordi Diez.

El investigador y politólogo mexicano se encuentra en Colombia presentando su obra "La política del matrimonio gay en América Latina. Argentina, Chile y México y sus desafíos", del sello Fondo de Cultura Económica (FCE).

Díez tomó como punto de partida la disparidad de resultados que obtuvieron los movimientos homosexuales por la lucha de la aceptación legal del "matrimonio gay" en Argentina, Chile y México, y logra presentar un argumento basado en el resultado de las entrevistas y muestreos que realizó en dichos países.

En esta obra se plantean las propuestas de los movimientos sociales, tales como la lucha por la legalización del matrimonio homosexual, se ven legitimados e incluso apoyados por las instancias legales cuando tienen suficiente fuerza y apoyo.

El autor de la obra es catedrático en ciencias políticas en la Universidad de Guelph, Canadá y profesor titular-invitado en El Instituto de Estudios Políticos de París, El Colegio de México, la Universidad Diego Portales (Chile), la Universidad de California-San Diego y la Universidad de Costa Rica.

Díez en entrevista con Notimex sostuvo que es “muy importante que el 80 por ciento de la población de Latinoamérica hoy en día viven en países donde ya es un derecho el matrimonio gay, como lo son Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y México, que concentran ese porcentaje en la región”.

En la región “hay un avance impresionante en los últimos 15 años y específicamente en tres casos particulares: Argentina, Chile y México”, sostuvo el investigador mexicano, quien explica en su obra los principales factores que se juntan para el avance en políticas públicas sobre este derecho de matrimonio igualitario.

El primer factor es la “fuerza, la voluntad y la capacidad de activistas de forjar redes extensas para ponerle presión a los gobiernos para aprobar estas medidas y esas redes toma mucho tiempo en forjarse. En los dos casos donde se ha dado el matrimonio igualitario, Argentina y México, la formación de estas redes data al menos de unos 40 años”.

El segundo factor importante -anotó Díez- es la configuración y andamiaje institucional, porque “mucho depende del acceso que tengan estos grupos para impulsar este tipo de políticas y es muy importante el acceso que tienen los grupos opositores”.

En ciencias políticas hablamos “de poderes de veto. Cuando los grupos de poderes conservadores pueden vetar políticas no se avanza mucho en políticas públicas en materia de matrimonio igualitario”, añadió.

Es el caso de Chile -explicó- “que desde 1990 a 2010 y después en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se gobernó con una coalición de grupos de centro, de izquierda y un partido cristiano religioso demócrata que ha vetado estos temas”.

Argentina tiene “un sistema federado con un código civil a nivel nacional pero los conservadores no tienen poder de veto. En Argentina tienen mucho más acceso los activistas y no pueden bloquear estas políticas los grupos conservadores”.

México por su parte “es el único país de América Latina en donde “el código civil se regula a nivel subnacional, a nivel de los estados y esta característica facilito que este tipo de derecho haya entrado por la ciudad de México, que desde 1997 gobiernan partidos de izquierda”.

El tercer factor importante es el papel dinámico de los activistas que “logran de manera muy estratégica desplegar argumentos que pueden convencer a las elites que estas políticas públicas vale la pena y logran introducir sus argumentos en el debate nacional”.