Ex fiscal: me persiguen por tener pruebas contra Maduro
Luisa Ortega, destituida por la Constituyente, dijo que con el gobierno de Nicolás Maduro ha muerto el derecho y que la crisis política en Venezuela pone en peligro el equilibrio de toda la región.
La ex fiscal venezolana Luisa Ortega dijo hoy en Brasil que tiene "muchas pruebas" sobre supuestos vínculos del presidente Nicolás Maduro y de altos funcionarios de su gobierno con el caso Odebrecht, que reveló una vasta red de sobornos en América Latina.
Ortega dijo haber sido perseguida "en el afán de esconder tantos hechos de corrupción, de los cuales tengo muchas pruebas, y concretamente en el caso de Odebrecht, que comprometen a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República, (y) los miembros de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez".
También denunció "la muerte del derecho" bajo el gobierno de Maduro y advirtió que la crisis política pone en peligro el equilibrio de toda la región.
"En Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro", afirmó hoy en la ceremonia de apertura de una reunión de fiscales del Mercosur en Brasilia, que se realiza como muestra de apoyo de sus pares sudamericanos.
La ex fiscal venezolana, que acaparó la atención de la prensa en el evento, llegó a Brasil la madrugada de hoy, pocas horas después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciara que le pedirá a Interpol su captura y la de su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer.
Ortega fue destituida de su cargo el pasado 5 de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente, que la acusa de haber cometido "actos inmorales".Contra el esposo de Ortega se dictó una orden de captura al ser acusado por la Constituyente y por el nuevo fiscal general, Tarek Saab, de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.
Por su parte, el Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot, dijo que la interferencia del gobierno venezolano convirtió al Ministerio Público de ese país en una institución "subyugada a un verdadero poder político dictatorial".
"Estamos siendo testigos de una violación institucional en el Ministerio Público venezolano", afirmó Janot en una ceremonia en que participó como invitada especial la ex fiscal venezolana Luisa Ortega, acusada de traición por el chavismo y que huyó de su país la semana pasada.
El procurador brasileño defendió la actuación independiente de las respectivas fiscalías en los países del Mercosur y criticó cualquier intervención del Ejecutivo en investigaciones y procesos judiciales.
"Sin independencia, el Ministerio Público de nuestro vecino al norte no tiene condiciones para defender los derechos fundamentales de las víctimas y de los acusados, ni de conseguir con objetividad investigaciones criminales o actuar en juicio con imparcialidad", dijo Janot en la apertura de la XXII Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (REMPM).
Janot solicitó a los procuradores generales de los países del Mercosur que se mantengan atentos al "estado de excepción" que fue instalado en Venezuela y a cualquier otro episodio de inestabilidad que pueda poner en riesgo la actuación del Ministerio Público en la región."Nuestras voces tienen que estar unidas, fuertes y listas para enfrentar esos desafíos", dijo.
El fiscal brasileño agregó que los problemas políticos enfrentados por Venezuela, que provocaron su suspensión del Mercosur, "no sólo colocan en riesgo la autonomía del Ministerio Público venezolano como, de hecho, lo arruinan".
El procurador agregó que uno de los principales desafíos del Mercosur es promover la integración en el área judicial para garantizar la efectividad de las investigaciones y combatir la criminalidad.Agregó que el Mercosur necesita superar el modelo actual de cooperación que depende de una autoridad central con poder para controlar la transmisión de documentos e informaciones.
- Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de TELEDIARIO; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.