Gobierno de Nicaragua inicia el diálogo con opositores

El gobierno de Nicaragua instaló una nueva mesa de negociaciones para superar de forma pacífica la crisis sociopolítica que vive desde abril, para la que la Organización de Estados Americanos (OEA) se ofreció como garante.

La mesa se estableció entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sin la participación del presidente Daniel Ortegani su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como sí ocurrió en un primer intento fallido de diálogo en mayo pasado.

En esta primera sesión las partes aprobaron una hoja de ruta de nueve puntos "que constituye la normativa del funcionamiento de la negociación", dijo sin dar más detalles el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, quien junto al cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes son testigos del proceso.

El nuncio informó además que las partes acordaron celebrar el jueves una segunda sesión en el marco de la mesa, que se instaló siete meses después de que un diálogo nacional iniciado a mediados de mayo de 2018 se suspendiera indefinidamente.

Al inicio de la reunión de este miércoles el nuncio apostólico transmitió un saludo y la oración del papa Francisco a la apertura de las negociaciones y su deseo para que se resuelva la crisis sociopolítica del país con responsabilidad y por el bien de todos.

Además, leyó unas palabras que el Santo Padre escribió el 11 de mayo de 2018 al presidente Ortega en la que dijo que "el diálogo humilde y sincero es un buen medio para favorecer la paz y encontrar soluciones justas y solidarias a los problemas sociales y políticos", y que se ajustaba también a la actualidad.

Por su lado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que el organismo podría actuar como "garante" del diálogo en Nicaragua, donde considera que es posible alcanzar una "solución nicaragüense" a la crisis que ha dejado cientos de muertos y de detenidos.

Pero indicó que esa "solución nicaragüense" debe seguir la "agenda" de los "valores del sistema interamericano", es decir, debe producirse con garantías y sin "presos políticos".

El secretario general de la OEA hizo esas declaraciones tras reunirse en Washington con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, quien, por su lado, se declaró "preocupado" por la situación en Nicaragua.

El Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

En tanto, la UE ha amenazado con aplicar sanciones a funcionariosnicaragüenses.

Cuando faltaban pocas horas para el inicio de las conversaciones, las autoridades liberaron a 100 manifestantes "que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública".

El Ministerio de Gobernación explicó que les concedieron el "beneficio de convivencia familiar u otras medidas cautelares".

Durante la instalación de la mesa de negociaciones, la Alianza Cívica reafirmó que exigirán la liberación de todos los detenidos por protestarcontra el gobierno y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías previstos en la Constitución Política.

También unas reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las violentas protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.

La delegación del gobierno, encabezada por el canciller Denis Moncada, no dio a conocer su agenda.

Durante la jornada, las partes definirán la agenda, metodología, y analizarán propuestas de quienes pueden actuar como facilitadores y como garantes.

Las negociaciones se desarrollan a puertas cerradas en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), al sur de la capital.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.