Italia obliga a barcos de rescate de migrantes a atracar más hacia el norte aun si implica mayores riesgos
El buque Geo Barents recibió la orden de irse al puerto septentrional de La Spezia.
Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, está obligando a los barcos de rescate de inmigrantes a atracar cada vez más al norte de la costa italiana, lo que hará que los viajes incrementen sus costos operativos y pongan a prueba su capacidad para continuar salvando vidas.
El 24 de enero, el Geo Barents, buque operado por Médicos Sin Fronteras (MSF), recibió la orden de dirigirse al puerto septentrional de La Spezia, después de recoger a 69 migrantes al sur de Malta.
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“Son 100 horas de navegación desde donde estamos en este momento”, mencionó la organización no gubernamental, que más tarde realizó otros dos rescates, incrementando a 237 el número de migrantes a bordo.
La Spezia es el destino más lejano y septentrional que Italia ha asignado a un barco de una ONG. Este mes, señaló a otros buques que llegaron a Livorno, en la Toscana, y a los puertos del Adriático oriental de Ancona y Rávena.
Hasta hace poco, estos barcos solían atracar en la isla de Lampedusa o en otras localidades sicilianas.
“Comparado con desembarcar en Sicilia, ir hasta La Spezia nos cuesta 70 mil euros, sólo en combustible”, declaró Juan Matías Gil, jefe de misión del buque Geo Barents.
El gobierno busca que Sicilia y otras regiones no afronten solas la carga de acoger desembarcos de inmigrantes. El Geo Barents fue enviado a La Spezia por una cuestión de rotación entre puertos, según declaraciones del ministro del Interior, Matteo Piantedosi, recogidas por la agencia de noticias ANSA.
La nueva política de destinos de atraque se suma a un decreto de diciembre que obliga a los buques de las ONG a pedir y dirigirse a un puerto “sin demora” tras cada rescate, en lugar de seguir buscando embarcaciones en apuros.
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Los capitanes que incumplan estas normas se arriesgan a multas de hasta 50 mil euros y al embargo de su buque durante dos meses. Y si esto se repite, corren el riesgo de confiscación permanente.
MSF y otras 16 organizaciones benéficas condenaron estas normas, confirmando que causarán más ahogamientos en el mar. La Iglesia católica italiana ha solicitado que este decreto sea derogado.
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