Jóvenes migrantes demandan a gobierno de Estados Unidos en busca de estatus legal

NUEVA YORK . - Jóvenes migrantes en Nueva Jersey que buscan obtener un estatus legal en Estados Unidos tras presuntamente haber sufrido abusos o abandono en sus países de origen demandaron al gobierno de Donald Trump, argumentando que se niega injustamente a sus reclamos.

    Es la cuarta demanda de este tipo en el país desde el año pasado por los rechazos de las solicitudes para tener un estatus especial de inmigrante juvenil, que se han ido negando cada vez más en momentos que el Gobierno del presidente Donald Trump restringe la política asimilación.

    La demanda se presentó en nombre de cuatro personas anónimas de Honduras, Guatemala y El Salvador que dicen que fueron víctimas de abuso familiar y violencia de pandillas en sus países de origen, pero que sus solicitudes de estatus migratorio fueron denegadas injustamente porque tienen entre 18 y 21 años de edad.

Un juez de un tribunal estatal debe decidir si los jóvenes migrantes son elegibles para solicitar el estatus de inmigración especial, lo que puede llevarlos a obtener una tarjeta verde, pero el gobierno ha argumentado que algunos tribunales estatales no tienen jurisdicción sobre ese grupo etario.

    Los abogados pro bono en Nueva Jersey que presentaron la demanda dijeron que más de 100 migrantes en el estado enfrentan negativas y deberían estar cubiertos por la demanda colectiva.

    "El gobierno impuso un nuevo requisito de elegibilidad, lo que resultó en el retraso y la denegación de decenas de peticiones meritorias y puso a los jóvenes en peligro de deportación", dijo la demanda presentada el lunes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nueva Jersey.

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) se negaron a comentar sobre la nueva demanda.

Pero en presentaciones anteriores de la corte, el gobierno ha dicho que no hay un cambio oficial en la política y que el USCIS está aplicando correctamente la ley en cada caso de manera ad hoc.

    Dos jueces federales han rechazado esos argumentos.

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