Latinoamérica debe detener asesinatos de activistas ambientales Amnistía Internacional  

América Latina debe revertir la oleada sin precedentes de asesinatos de defensores del medio ambiente, luego que el 60 por ciento de los 207 casos de homicidios registrados contra estos activistas en 2017 ocurrieron en esa región, urgió hoy Amnistía Internacional (AI).

En un comunicado emitido este martes, el grupo civil indicó que América Latina sigue siendo la zona más peligrosa del mundo para los activistas que trabajan en asuntos relacionados con la tierra y el medio ambiente.

La declaración se dio horas después de que el grupo civil Global Witness publicara su informe anual sobre defensores del medioambiente en el mundo, en el que concluyó que el año pasado la situación para estos activistas se agravó severamente en países de la región.

El documento apuntó que por primera vez la agroindustria fue el sector más sangriento, con al menos 46 asesinatos vinculados a él. Los homicidios relacionados con la minería aumentaron de 33 a 40, y 23 muertes se asociaron a la tala.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, manifestó que el número de homicidios de activistas ambientales creció hasta alcanzar niveles sin precedentes el año pasado.

Guevara Rosas llamó la atención sobre la situación en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Paraguay y Perú.

Precisó que además del homicidio, los activistas del medio ambiente se exponen a otras muchas formas de hostigamiento y ataque, incluidas amenazas de muerte y sanciones penales mediante el uso indebido del sistema de justicia.

“Plantarse ante agentes poderosos para proteger la propia tierra o el medio ambiente no debería ser equivalente a arriesgar la vida”, declaró Guevara Rosas.

Añadió que dado que la corrupción, la impunidad y la represión fomentan en gran medida la violencia en toda la región, las autoridades deben tomar medidas inmediatas y efectivas para proteger a las personas que defienden los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

Guevara Rosas consideró además que es esencial que los gobiernos de la región garanticen que sus comunidades sean verdaderamente consultadas sobre cualquier proyecto que pueda afectarles.