Madrid controlará finanzas de Cataluña para frenar referéndum

El gobierno español aprobó un mecanismo para controlar las finanzas de Cataluña, con el fin de garantizar los servicios públicos, sin que se destine "ni un euro" a financiar el "ilegal" referéndum independentista del 1 de octubre.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que se ha dado un plazo de 48 horas al presidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, para que se adecúe a la legalidad o, en caso contrario, asumirá el gobierno central los pagos a proveedores, nóminas funcionarios y otros servicios públicos en sanidad y educación.

El gobierno regional de Cataluña ha convocado para el primer día de octubre una consulta secesionista que el Tribunal Constitucional ha suspendido por ir contra el ordenamiento jurídico español.En julio pasado el gobierno central obligó al catalán a justificar cada semana sus gastos - antes era cada mes - para fiscalizar que no desvíe dinero a la consulta soberanista suspendida por el Constitucional.Sin embargo, ayer, el responsable económico catalán, Oriol Junqueras, escribió a Montoro para decirle que no le enviaría más informes de gasto semanales y que volvería al mensual, lo que supondría que el siguiente justificante llegaría tras el 1 de octubre.La medida aprobada por el presidente Mariano Rajoy supone un control financiero a las autoridades catalanas, en abierto desafío al Estado español con sus aspiraciones independentistas y que ya han llevado a la Fiscalía a querellarse contra el gabinete regional y otros cargos electos por desobediencia, prevaricación y malversación."Estamos intentando evitar las malas ideas, en términos de lo que esté pensando pagar (Cataluña). E intentado evitar que incurran en la misma ilegalidad en la que ellos mismos se están situando", dijo Montoro.

Explicó que el Estado pasaría a pagar "directamente buena parte de las nominas" de los funcionarios y que esta medida "de un control de pagos" se prolongará "durante el tiempo que dure" la "situación de excepcionalidad" que han provocado los dirigentes de la Generalitat y "se sigan negando a cumplir la ley".