Nicaragua libera a opositores presos bajo polémica ley de amnistía

El gobierno de Nicaragua liberó a 50 opositores detenidos por participar en las protestas contra el presidente Daniel Ortega, tras la aprobación de una polémica ley de amnistía que también ampara a los responsables de la represión a los manifestantes, informaron las autoridades.

El Ministerio de gobernación informó en un comunicado que "en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional (...) ha puesto en libertad a 50 personas por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública, y continúa preparando la liberación de presos por estos delitos".

Los beneficiados con la liberación fueron encarcelados por participar en las protestas que estallaron el 18 de abril de 2018 contra Ortega, cuya represión dejó al menos 325 muertos, cientos de encarcelados y 62 mil 500 exiliados, según organismos humanitarios.

Tras la liberación, las personas fueron entregadas a sus familiares con un acta en la que se lee: "ha sido puesto en libertad por la ley de Amnistía", según divulgaron en redes sociales sus familiares.

La liberación se produce después que el parlamento, de mayoría oficialista, aprobó el sábado una cuestionada ley de amnistía que concede perdón "a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir de abril de 2018 hasta la fecha".

La normativa ha sido rechazada por organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas porque implica que ningún responsable de la muerte o represión de sus parientes será juzgado.

Entre los liberados figuran manifestantes cuyos casos ocuparon la atención de medios y redes sociales por la connotación de los hechos de los que fueron acusados.

Fueron liberados dos de cuatro jóvenes condenados a más de 20 años de cárcel por su supuesto papel en el asesinato del familiar de un alto funcionario allegado al presidente Ortega, tras casi un año de prisión. Las autoridades también excarcelaron a los periodistas Marlon Powell y Hansel Vázquez, acusados de participar en bloqueos de vías durante las protestas.

El 27 de febrero pasado el gobierno comenzó a aplicar detención domiciliaria a detenidos tras las protestas, una medida que benefició a 386 personas.