Organizaciones exigen a EE. UU. restaurar fondos vitales para energía solar para Puerto Rico
. Los afectados denuncian que la falta de electricidad estable, combinada con la pobreza extrema y la proximidad de la temporada de huracanes, representa una amenaza real para sus vidas.
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La gobernadora Jenniffer González sostiene que los fondos fueron dirigidos a otras áreas de la red eléctrica deteriorada.
Casi 200 organizaciones sociales y de derechos humanos han alzado la voz para exigir al gobierno de los Estados Unidos y a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, la restauración inmediata de 350 millones de dólares en fondos federales.
Estos recursos estaban destinados a la instalación de sistemas de energía solar y baterías para 12,000 familias de bajos ingresos, muchas de las cuales cuentan con miembros con discapacidades o condiciones médicas críticas que dependen de un suministro eléctrico constante.
La urgencia de este reclamo se intensifica ante la proximidad de la temporada de huracanes, que inicia el 1 de junio, y la persistencia de apagones crónicos que azotan la isla. Para los defensores de estos derechos, la cancelación de estos fondos no es solo un ajuste presupuestario, sino una amenaza directa a la supervivencia de los sectores más vulnerables.
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Una cuestión de vida o muerte
La interrupción del programa ha dejado en un limbo total a miles de hogares que ya habían iniciado sus trámites o incluso reparado sus techos para recibir los equipos. Charlotte Gossett Navarro, directora de la Hispanic Federation en Puerto Rico, subrayó la gravedad de la situación:
"Para ellos en particular, que reciban o no un sistema (solar) es algo que realmente es de vida o muerte".
La Hispanic Federation es una de las siete entidades que colaboraban en la implementación técnica y educativa del programa, y que ahora se encuentran objetando formalmente la decisión ante el Departamento de Energía de Estados Unidos.
El sentimiento de desprotección es compartido por Gabriela Joglar Burrowes, del Consejo Estatal para la Vida Independiente, quien recordó que para quienes dependen de ventiladores o máquinas de diálisis, la falta de energía es un riesgo letal. "Se ve como a veces somos (reemplazables), y no lo somos", sentenció Joglar Burrowes aludiendo a la aparente indiferencia gubernamental.
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El drama humano tras los recortes
Los testimonios de los afectados reflejan una realidad desgarradora. Yvette Rodríguez, de 61 años, relató cómo ella y su esposo, un veterano doble amputado que requiere una cama eléctrica y aire acondicionado por problemas cardíacos, dependen de esta tecnología para subsistir en la isla de Culebra.
A la angustia médica se suma el golpe económico; los apagones constantes obligan a las familias a desechar alimentos que no pueden costear nuevamente. María Pérez, de 80 años, quien debe refrigerar gotas para sus cataratas, expresó su frustración:
"Nos tienen sufriendo con esos (dólares) que nos quitaron. No es justo".
Con un ingreso de apenas 364 dólares mensuales por Seguro Social, Pérez enfrenta facturas de luz que a menudo igualan la totalidad de su cheque, evidenciando la imposibilidad de que el 40% de la población bajo el nivel de pobreza acceda a estos sistemas por cuenta propia.
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Incertidumbre política y técnica
Mientras la red eléctrica de la isla continúa en declive por falta de mantenimiento desde el huracán María en 2017, la gobernadora Jenniffer González sostiene que "no tenemos opción" debido a que el gobierno federal decidió redirigir esos fondos a otras áreas de la red eléctrica deteriorada.
Sin embargo, la falta de transparencia sobre quiénes recibirán finalmente los sistemas y cuándo lo harán mantiene a las comunidades, especialmente las rurales en la montaña, en un estado de alerta máxima. Con el plazo del programa expirando el 9 de mayo, la presión sobre Washington y San Juan no deja de crecer para evitar lo que muchos consideran un abandono anunciado.
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