Solicitantes de asilo piden permanecer en EU en vez de México; temen por su seguridad 

SAN DIEGO. — Varios solicitantes de asilo obligados a esperar en México mientras una corte de inmigración en Estados Unidos examina sus casos dijeron el martes a un juez tener miedo de regresar a territorio mexicano para aguardar hasta su próxima audiencia, un nuevo problema derivado de un importante cambio en una política estadounidense.

Los siete casos que se procesan en una corte del centro de San Diego figuran entre los primeros en avanzar bajo la política del gobierno del presidente Donald Trump que estipula que las personas que pidan asilo en Estados Unidos permanezcan en México.

Las comparecencias iniciales tuvieron lugar tres días antes de que un juez federal en San Francisco se disponga a escuchar los argumentos de grupos defensores de los inmigrantes de que se ponga fin a dicha política.

La abogada Robyn Barnard solicitó acceso, al menos telefónico, a cualquier entrevista que su cliente hondureño tenga con funcionarios estadounidenses en relación a si sus temores de regresar a México están bien fundados.

Jason Aguilar, abogado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), no objetó la petición de Barnard pero la remitió a otras agencias pertenecientes al Departamento de Seguridad Nacional.

Los acontecimientos plantearon más interrogantes sobre el nuevo enfoque del gobierno para atender las peticiones de las personas que dicen temer si regresan a sus países debido a peligros relacionados con raza, religión, creencias políticas, nacionalidad o pertenencia a determinados grupos sociales.

Los detractores afirman que los solicitantes de asilo son obligados a una espera en entornos inseguros y tendrán dificultades para encontrar orientación jurídica en México. Tijuana tuvo más de 2.500 homicidios el año pasado.

El cambio de política es aplicado en momentos en que familias de Guatemala, Honduras y El Salvador llegan a la frontera estadounidense en busca de asilo.

Cinco de las siete personas que tenían previsto comparecer el martes estuvieron representadas por abogados. Seis eran hondureñas y una guatemalteca.

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