Supermercado defraudó al fisco por 18 millones en Guatemala
La empresa de 35 sucursales operaba sus ventas así: 35 por ciento operaciones a crédito o débito (en auditoria) y 65 por ciento en operaciones efectivo (no reportado aún), según la Superintendencia.
CIUDAD DE GUATEMALA. — La fiscalía Especial contra la Impunidad y la Superintedencia de Administración Tributaria de Guatemala anunciaron que una cadena de supermercados defraudó al fisco durante dos años por más de 18 millones de dólares.
No es el único caso de su tipo que se registra en el país centroamericano, pero según las autoridades supone uno de los montos más grandes defraudados al fisco del país.
Marco Livio Díaz, titular de la Superintendencia, dijo en conferencia de prensa que se realizó una auditoria durante el lapso del 2017 a 2019 de la cadena de tiendas llamada “La Barata”, lo que determinó el fraude.
La denuncia fue presentada por esa entidad a la fiscalía, en un primer momento por la evasión del impuesto al valor agregado en pago de tarjetas de crédito. La empresa no había reportado impuestos sobre las ventas al contado, indica.
La empresa de 35 sucursales operaba sus ventas así: 35 por ciento operaciones a crédito o débito (en auditoria) y 65 por ciento en operaciones efectivo (no reportado aún), según la Superintendencia.
“Es una defraudación multimillonaria”, subrayó Díaz al explicar que “tenían todo un esquema de defraudación muy sofisticado abriendo y cerrando empresas para hacer esto”.
Los propietarios de la cadena, según la entidad, habían creado un esquema el cual abrían una empresa con la que reportaban ingresos mínimos, entonces la autoridad le requería información y estos se negaban.
Un juez los multaba por la negativa, pagaban la multa y cerraban la empresa, tras lo cual abrían una nueva para los mismos propósitos, según la denuncia.
Juan Francisco Sandoval, titular de la fiscalía, explicó que la empresa auditada reportó que generó durante esos dos años 53 millones de dólares por ventas al crédito, pero que no reportó pago de impuestos por 5,4 millones en impuesto al valor agregado y 13,3 millones de dólares en impuestos sobre la renta.
“Al requerir a la entidad la información correspondiente a las ventas en efectivo, el escudo era que debido a la pandemia no podían ellos tener personal que proporcionara dicha información, lo cual es paradójico porque este tipo de negocios fue de los que nunca cerró en época de pandemia”, dijo Sandoval.
La fiscalía solicitó la detención de Francisco José Barrios, propietario y representante legal de la empresa, pero este estaba prófugo.
También se intervino la empresa para que pueda seguir funcionando pero bajo supervisión.
Sandoval explicó que la investigación aún está en curso por lo que no descartan más acciones. Díaz dijo que siguen auditando otras empresas también señaladas de evasión, algunas de ellas con filiales internacionales.
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