Aceptar nuevos modelos de familia, pide Derechos Humanos a la población

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó a la población adaptarse a los cambios demográficos, sociales y económicos para aceptar los nuevos modelos de familia y asumir que el respeto y protección a esas diferencias conllevan a una convivencia pacífica.

Lo anterior, ante la persistente discriminación y violencia en México hacia personas unidas por vínculos y afectos diferentes al matrimonio entre mujer y hombre, informó el organismo en un comunicado.

El primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava, consideró innegable la responsabilidad del Estado para fomentar el respeto a los derechos de las mujeres, personas mayores, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como el tratamiento diferenciado que se debe dar a los integrantes de las familias, a partir de las necesidades y atención que requieran.

Asimismo, convocó a las instituciones de gobierno, sector privado, academias y familias a generar la promoción de la participación política y liderazgo de las mujeres, y la erradicación de la violencia basada en el género.

En el Foro “Por el derecho de las familias a vivir sin violencia”, indicó que los nuevos tipos de familias no deben ser rechazados y comentó que en la actualidad éstas pueden estar integradas por padre, madre e hijos o bien por madres o padres solteros y parejas sin hijos o que han postergado su paternidad.

Además, hay familias unipersonales, con individuos que viven solos; parejas del mismo sexo y parejas reconstituidas que han tenido relaciones o matrimonios previos, al igual que hijas e hijos.

Mencionó que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI 2016, 43.9 por ciento de las mujeres que tienen o tuvieron una relación de matrimonio, convivencia o noviazgo han sido agredidas por su compañero en algún momento de su convivencia, también por el padre, madre y hermanos.

Ante esa situación, el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos enfatizó que el Estado tiene la obligación de implementar políticas públicas, acciones y programas para erradicar la violencia al interior de las familias.

Añadió que por ello, “la función que desempeñan los Poderes Judiciales en la aplicación e interpretación de las normas y en la legalidad de los actos de las autoridades, es determinante para la seguridad jurídica de las y los gobernados para el goce y ejercicio de sus derechos humanos”.

La protección jurídica de las familias en México, afirmó, cruza los marcos constitucional, convencional y legal que requiere de actividades muy concretas para garantizar el derecho a tener las convicciones éticas, de conciencia y de religión que libremente decidan.