Acusan a PGR de retrasar proceso contra federales que dispararon a agentes de la CIA

Familiares de los agentes de la Policía Federal que están presos desde hace más de cinco años por disparar contra el automóvil en que viajaban dos agentes de la CIA y un efectivo de la Secretaría de Marina, en la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del poblado Tres Marías, denunciaron que el juicio está “detenido”, debido a maniobras de la Procuraduría General de la República, que evitaron se dictara sentencia.

A través de una carta enviada a MILENIO señalaron que cuando todo se encontraba listo para el cierre de instrucción del caso, la PGR pidió que los dictámenes que no fueron ratificados por los peritos que trabajaron en la institución, ahora los ratifiquen terceros.

“Suena absurdo, pero es real, y como el juzgado lo negó, ahora, la procuraduría apeló, prolongando unos meses más esto. Sabemos qué va a pasar: el tribunal que conozca de esta apelación lo negará y rechazará, pero para prolongar esto más, interpondrán un amparo, generando con ello un año más para que se dicte sentencia”, indicaron los familiares.

La desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal, hoy Comisión Nacional de Seguridad, aseguró que la presencia de los agentes en las inmediaciones del poblado Tres Marías, el 24 de agosto de 2012, fue para localizar a los secuestradores de Salvador Vidal López Pérez, funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Vestían de civil

Los policías federales declararon que por órdenes de sus mandos vestían ropa de civil y viajaban en vehículos no balizados.

Los agentes estadunidenses y el marino viajaban en una camioneta Toyota Land Crusier modelo 2010 (blindada, con placas diplomáticas BCM-242 expedidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores), que resultó dañada por impactos de arma de fuego, tras la confusión en el kilómetro 50+500 de la carretera federal México-Cuernavaca.

Los federales al descubrir su error, solicitaron de manera inmediata atención médica para los estadunidenses y el efectivo de la Secretaría de Marina que resultaron heridos.

Los familiares de los policías federales, señalaron en la misiva que “si no es una cosa es otra, pero simplemente no quieren que se avance en este asunto. Los tienen detenidos y en penumbras y así desean que se queden, y tengo miedo, porque como se han mostrado, si esto avanza será para condenarlos, condenarlos peor que si hubieran sido los secuestradores que pretendían detener; es más, quizá si hubieran sido ellos, ya hubieran salido con nuestro nuevo Sistema de Justicia Penal”.

El cierre de instrucción para dictar sentencia estaba previsto entre octubre y noviembre pasado, pero se aplazó para comienzos del presente año.

“En estos últimos días estábamos todos entusiasmados o cuando menos a la expectativa de cerrar este tedioso y largo proceso, con la esperanza de cuando menos conocer una postura por parte de la autoridad judicial, que conoce de este asunto; se agotó todo, se desahogó todo, ya más de cinco años, y contando, sería ilógico creer que pueda faltar algo, máxime que desde 2012 que comenzó todo esto, se cuenta y han contado nuestras autoridades, con declaraciones de todos y cada uno de los involucrados en estos hechos, imputados, vehículos, armas, posibles víctimas, testigos, etcétera. Nunca nos pasó por la mente el calvario que sería enfrentarse a nuestro sistema de justicia tan presumido de pronto y expedito, pero sobre todo costoso.

“Digo costoso, por muchas razones, primera y más importante en este caso en particular, están privadas de su libertad 14 personas, 13 padres y una madre de familia, 14 hermanos, hijos, tíos, qué sé yo, solo sé que cuidaban y sostenían económica y moralmente a sus seres queridos, hoy sin saber si quiera qué les depara el destino y nuestro sistema de impartición de justicia, solo esperan su tan imposible sentencia”, dice la carta.

MILENIO publicó en septiembre pasado que los 14 agentes involucrados en el incidente que se suscitó en la carretera Federal México-Cuernavaca, fueron interrogados sin la presencia de un abogado por agentes del FBI y de la DEA, en las instalaciones de la Procuraduría General de la República.

Los agentes estadunidenses Stan Dove Boss y Jess Hoods Gardner nunca rindieron declaración, solo el mexicano Fabián Molino Yera, capitán de fragata de la Marina, quien conducía el vehículo con placas diplomáticas.

El ataque a la camioneta, han declarado los agentes federales, derivó de una confusión, cuando realizaban un operativo para localizar a los secuestradores del funcionario del INAH.