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Cerrados o inactivos se encuentran seis penales a los que inyectaron 40 mil 580 mdp 

Entre 2006 y 2020, las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador asignaron ese monto a los penales federales, a través de los llamados Programas y Proyectos de Inversión (PPI).

Editorial Telediario Nacional /

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos 14 años, el gobierno federal invirtió más de 40 mil 580 millones de pesos en seis de sus Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), monto que de poco sirvió pues todos estos penales se encuentran actualmente cerrados o inactivos.  

Entre 2006 y 2020, las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador asignaron ese monto a los penales federales, a través de los llamados Programas y Proyectos de Inversión (PPI).  

De acuerdo con una revisión que MILENIO hizo al Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, durante ese periodo se destinaron 15 mil 241 millones 788 mil 136 pesos al Complejo Penitenciario Islas Marías, que fue cerrado como penal a principios de 2019, para convertirlo en un centro educativo y cultural; se invirtieron 10 mil 795 millones 643 mil 740 pesos en el Cefereso No. 10 Nor-Noreste, ubicado en Monclova, Coahuila, que se encuentra inactivo desde enero de 2017; y se erogaron 9 mil 967 millones 775 mil 364 pesos al Cefereso No. 6 Sureste, localizado en Huimanguillo, Tabasco, desincorporado apenas en octubre pasado por la actual administración.  

En Veracruz, se asignaron 4 mil 305 millones 578 mil 167 pesos al penal federal de Papantla que, al día de hoy, aún se encuentra en obra negra; se gastaron 213 millones 53 mil 445 pesos en el Cefereso No. 2 Occidente “Puente Grande”, localizado en Jalisco, el cual fue inhabilitado como prisión federal por el gobierno del presidente López Obrador a finales de septiembre pasado; y se invirtieron 56 millones 957 mil 169 pesos en el Cefereso No. 3, ubicado en Tamaulipas, el cual se encuentra inactivo desde diciembre de 2015.  

Los 40 mil 580 millones 796 mil 21 pesos invertidos a través de PPI en estos seis penales, cerrados o fuera de operación, tenían el objetivo de culminar obras en sistemas de alta seguridad o en el mejoramiento de la infraestructura. 

Cárceles “olvidadas”  

El caso más emblemático de “fuga” de presupuesto es el Complejo Penitenciario Federal Papantla.  

Actualmente esta cárcel es un cascarón desolado de más de 28 hectáreas, enclavado en la localidad Gildardo Muñoz. Cada uno de los últimos 7 años en que recibió recursos, estos fueron solicitados por el mismo concepto: “Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla”.  

Como ya se mencionó, el conjunto de cárceles de las Islas Marías es el penal federal que más recursos recibió en este periodo. Aquí el drama es una paradoja. Todo el dinero invertido en las Islas Marías fue desperdiciado, a pesar de que era la cárcel más exitosa de México en su tarea de reinserción social, con los mejores resultados en las certificaciones nacionales a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Asociación Norteamericana de Correccionales (ACA) de Estados Unidos.  

El argumento para decretar su cierre desde la Presidencia de la República fue el alto costo que significaba mantener pocos reos en ella. Su capacidad era para más de 5 mil 100 internos, pero solo había 659.  

Un caso especial  

El Cefereso No. 1, ubicado en el Estado de México, conocido como “El Altiplano” y famoso por haber sido el escenario de la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es el botón muestra de las pésimas condiciones en que sobrevivieron por años estos centros mal llamados de “alta seguridad”.  

Documentos del proceso judicial que se sigue a los funcionarios del penal tras el escape del narcotraficante sinaloense señalan las diversas denuncias y solicitudes que en su momento hizo el entonces director del penal, Valentín Cárdenas.  

En ellos se aprecia que, por ejemplo, desde 2012 no funcionaban los sistemas de detección por sensores infrarrojos de movimiento, cortes y escalamiento en mallas ciclónicas, así como vía microondas. Un oficio de la Secretaría de la Función Pública del 19 de mayo de 2014 señala que “los inhibidores de señal de teléfonos celulares, ubicados en el exterior no funcionaban, por un corto circuito, y que el ubicado en la Torre II estaba apagado”.  

El 13 de abril de 2015 se reportó también que “68 de las 117 cámaras de su sistema de Circuito Cerrado de Televisión presentan anomalías o fallas”.  

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