CNDH pide revisar actuación de policías en caso Iguala

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Sistema Nacional de Seguridad Pública revisar los procedimientos y controles existentes sobre la actuación de las policías municipales, estatales y federales en el caso Ayotzinapa. 

En seguimiento a las recomendaciones por violaciones graves en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Raúl Isidro Burgos, Guerrero, la CNDH se reunió con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con la finalidad de que se consideren las observaciones realizadas a autoridades de los tres niveles. 

Además de la revisión de procedimientos, las recomendaciones incluyen la implementación de un reporte y registro de infractores desde el primer contacto hasta la emisión de la boleta de infracción o remisión y puesta a disposición de la autoridad. 

Este procedimiento se deberá hacer con monitoreo de los Carros Radio Patrulla (CRP) mediante Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y el empleo de equipos de audio y video instalados en los CRP. 

En la recomendación (registrada con el número 15VG/2018 con motivo de los hechos acontecidos en 2014 en el municipio de Iguala, en perjuicio de los estudiantes) pide también que el secretariado lleve a cabo una exhaustiva revisión del uso de los instrumentos y equipos que se les proporciona para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que permita identificar aspectos que deban ser objeto de control y supervisión. 

En la reunión para atender estos asuntos participaron José Trinidad Larrieta Carrasco, titular de la Oficina Especial del Caso Iguala, de la CNDH; la secretaria Ejecutiva Adjunta del SESNSP, Eunice Rendón Cárdenas; los titulares de Centro Nacional de Información (CNI) y del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CNPDyPC), David Pérez Esparza y Luis García López Guerrero, respectivamente, entre otras autoridades.

Derivado del encuentro, se acordó realizar, dentro de dos semanas, mesas temáticas entre ambas instituciones, para atender de manera específica las observaciones señaladas anteriormente y así construir políticas públicas con perspectiva de derechos humanos en materia de seguridad.