Congreso de Tabasco aprueba "ley garrote"

El Congreso de Tabasco aprobó en lo general la ley que propone sancionar con cárcel a quienes bloqueen la ejecución de obras públicas en la entidad.

​Sin la presencia de la bancada del PRI, que abandonó la sesión, el dictamen de la reforma al Código Penal del estado fue aprobada por los diputados locales.

Antes, la propuesta fue aprobada en lo general para que el artículo 308 Bis del Código Penal se discutiera y aprobara en lo particular.

La iniciativa fue criticada porque en la iniciativa no era claro respecto a en qué casos, un bloqueo sería tomado como extorsión, por lo que tras la discusión, el artículo quedó "Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de juriddicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten. 

"La pena se incrementará en una mitad más cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia".

Además, el artículo 307 se reformó para imponer prisión de dos a diez años y multa de sesenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al que interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación o transporte.

En tribuna, los legisladores de oposición razonaron su voto en contra argumentando que la reforma podría derivar en la criminalización de la protesta social, y que busca proteger los intereses de empresas extranjeras que trabajarán en Tabasco en el sector energético.

A favor, los diputados de Morena señalaron que la intención de la reforma es tener seguridad jurídica para las inversiones en Tabasco y frenar la extorsión de grupos de pretendidos líderes de trabajadores que obstruyen las vías de comunicación para extorsionar a cambio de dinero o para exigir que se coloque a trabajadores con mecanismos fuera de la ley.

Derivado de las críticas por la propuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la reforma sea para reprimir a quienes se manifiesten contra la construcción de la refinería Dos Bocas.

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que de acuerdo con la información que él tiene, de lo que se trata es de frenar los casos de soborno y extorsión a funcionarios, principalmente de Pemex, que sufrían ese flagelo por parte de grupos que cobraban hasta 500 mil pesos para dejarlos pasar.

“Se está buscando corregir un vicio, se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para poder llevar a cabo un trabajo de esa empresa o una compañía que trabajaba para ella. Se les extorsionaba, se les cobraba 500 mil pesos a la semana para poder pasar”, comentó.

Mientras que el secretario de Gobierno de Tabasco, Marcos Medina Filigrana, consideró que la iniciativa se ha desvirtuado y hay la preocupación de un diputado de oposición quien dice que le adjudicaron la misma, cuando no es así; “nosotros la asumimos plenamente”, apuntó.