Corte mantiene restricciones para entregar audios y videos de operativos en BC

MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las reservas establecidas en Baja California para no difundir las grabaciones de audio y video de operativos policiales.

La CNDH demandó la invalidez del artículo 36 de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el estado de Baja California, en su fracción II inciso H que clasifica como información reservada las grabaciones de audio y video que lleguen a realizar elementos de seguridad estatales en operativos.

Aunque la mayoría de los ministros se pronunciaron de inicio a favor del proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien planteó decretar la inconstitucionalidad de este apartado por ser contrario al precepto de máxima publicidad y al derecho de los ciudadanos de acceso a la información, el ministro presidente Arturo Zaldívar contradijo el proyecto al explicar que no es absoluto, lo que hizo que otros ministros cambiaran el sentido de su voto.

Zaldívar detalló que esta fracción remite a la ley de transparencia local con lo que podría invalidarse esta restricción, pues sujeta la publicación o no de esta información a una prueba de daño que contempla delitos de lesa humanidad, violación a los derechos humanos o corrupción, y lo reserva únicamente por cinco años si es que subsisten causas que ameriten su secrecía.

Por lo que sostuvo que “no podemos invalidar una norma sin tener a la luz todos los elementos que la conforman, la norma sí supera un test de proporcionalidad constitucional y no establece una reserva absoluta sino que remite a otra norma que la regula”.

Luego de la explicación de Zaldívar, al menos tres ministros cambiaron el sentido de su voto, resultando solo seis a favor del proyecto, lo que derivó en la desestimación la acción de inconstitucional de la normativa de Baja California, como lo solicitó la CNDH.

La ministra Yasmín Esquivel votó en contra del proyecto desde el inicio al argumentar que si se diera el acceso total a este tipo de grabaciones sin ninguna consideración previa, “implicaría dejar en evidencia toda la logística y preparación de organismo policiales; y pondría en evidencia las tácticas y estrategias que se usan para combatir el crimen”.

cog 

MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las reservas establecidas en Baja California para no difundir las grabaciones de audio y video de operativos policiales.

La CNDH demandó la invalidez del artículo 36 de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el estado de Baja California, en su fracción II inciso H que clasifica como información reservada las grabaciones de audio y video que lleguen a realizar elementos de seguridad estatales en operativos.

Aunque la mayoría de los ministros se pronunciaron de inicio a favor del proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien planteó decretar la inconstitucionalidad de este apartado por ser contrario al precepto de máxima publicidad y al derecho de los ciudadanos de acceso a la información, el ministro presidente Arturo Zaldívar contradijo el proyecto al explicar que no es absoluto, lo que hizo que otros ministros cambiaran el sentido de su voto.

Zaldívar detalló que esta fracción remite a la ley de transparencia local con lo que podría invalidarse esta restricción, pues sujeta la publicación o no de esta información a una prueba de daño que contempla delitos de lesa humanidad, violación a los derechos humanos o corrupción, y lo reserva únicamente por cinco años si es que subsisten causas que ameriten su secrecía.

Por lo que sostuvo que “no podemos invalidar una norma sin tener a la luz todos los elementos que la conforman, la norma sí supera un test de proporcionalidad constitucional y no establece una reserva absoluta sino que remite a otra norma que la regula”.

Luego de la explicación de Zaldívar, al menos tres ministros cambiaron el sentido de su voto, resultando solo seis a favor del proyecto, lo que derivó en la desestimación la acción de inconstitucional de la normativa de Baja California, como lo solicitó la CNDH.

La ministra Yasmín Esquivel votó en contra del proyecto desde el inicio al argumentar que si se diera el acceso total a este tipo de grabaciones sin ninguna consideración previa, “implicaría dejar en evidencia toda la logística y preparación de organismo policiales; y pondría en evidencia las tácticas y estrategias que se usan para combatir el crimen”.

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