Crimen organizado implementó medidas por pandemia: Segob

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal reconoció que el crimen organizado implementó sus propias medidas sanitarias ante la pandemia de covid-19, que van desde toque de queda hasta amenazas a personal médicos, en al menos 4 estados del país.

En el documento, Observaciones sobre violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la contingencia sanitaria de covid-19, realizado por la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se señala que la delincuencia organizada actuó en 6 localidades de Guerrero, Sinaloa, Nayarit y Veracruz.

Además, en el informe, la Segob también da cuenta sobre medidas “desproporcionales (sic)” por la epidemia de la nueva cepa de coronavirus como arrestos y sanciones en 15 entidades federativas. 

Sobre la actuación de grupos del crimen organizado, detalló las medidas restrictivas “identificadas en fuentes abiertas”.

En Iguala, Guerrero, un grupo que identificó el gobierno, implementó toques de queda del 19 al 25 de abril, en Petatlán, también detectó amenazas a médicos del 3 al 9 de mayo.

En Culiacán y Los Mochis, el cártel de Sinaloa aplicó toques de queda del 12 al 18 de abril, en el primer lugar, y del 19 al 25 en el segundo. 

Se reportó un caso de aislamiento por parte del Grupo Sombra en Tuxpan, Veracruz, del 26 abril al 2 de mayo. Finalmente, indica que, en Santiago Ixcuintla, Nayarit, el Cartel Jalisco Nueva Generación aplicó cobro de impuestos, durante la pandemia.

Respecto a las acciones de los estados, el documento señala que, durante los meses de marzo, abril y mayo, autoridades estatales y municipales implementaron 53 medidas extraordinarias que incluyen el arresto administrativo como sanción de primera, segunda o tercera instancia, así como 71 medidas que incluyen la posibilidad de sanción con multas.

Detalla que las medidas extraordinarias de arresto administrativo por parte de autoridades estatales se llevaron a cabo en Baja California (5), Colima (5), Michoacán (5), Oaxaca (1), Quintana Roo (2), Coahuila (2), Jalisco (3), Nayarit (3), Aguascalientes (1), Sonora (1). 

También se dieron casos en por parte de las autoridades municipales de los estados como Zacatecas (6), Oaxaca (4), Quintana Roo (3), Coahuila (1), Aguascalientes (1), Sonora (1), Yucatán (2), BC (1), Durango (1) y Guerrero (1), aunque no precisó las localidades.

“De estas acciones, resultan particularmente preocupantes aquellas que posibilitan el arresto administrativo, pues no sólo son las que restringen de manera más importante los derechos humanos, sino que resultan contraproducentes al generar potencialmente concentraciones de personas en reclusión que pueden facilitar la propagación del virus SARS-CoV2. Además, pueden llevar a la comisión de abusos de autoridad que suelen afectar desproporcionadamente a personas en situación de calle, personas indígenas y afromexicanas, personas de tez oscura y aquellas en situación de pobreza”, alerta el informe de la subsecretaria que encabeza Alejandro Encinas.

Asimismo, destaca que la evidencia disponible en nuestro país muestra que las sanciones no parecen ser un medio efectivo para disminuir la tasa de contagio, ya que no existe correlación entre el número de medidas extraordinarias que implican alguna sanción y la tasa de casos confirmados de covid-19.

“Como se señaló en el documento anterior, los retenes, cierres de fronteras estatales o municipales, y cierre de carreteras, son restricciones severas al derecho al libre tránsito. La Ciudad de México, estados y municipios no tienen competencia para dictarlos, salvo que haya una autorización expresa del Consejo de Salubridad General para, por ejemplo, establecer cordones sanitarios. Incluso si se argumentara que pudieran tener competencia, estas medidas impuestas con el uso de la fuerza no cumplen con los requisitos de proporcionalidad”.

Precisó que entre abril y mayo se implementaron 54 toques de queda a nivel municipal de manera oficial: Baja California (3), Baja California Sur (1), Chiapas (1), Coahuila (1), Durango (1), Guerrero (2), Michoacán (3), Nuevo León (2), Oaxaca (4), Puebla (1), Quinta Roo (5), Sonora (20), Yucatán (6), Zacatecas (4).

Lo anterior, advierte, además de ocasionar abusos de autoridad, puede tener efectos graves en materia de seguridad, ya que dichos dispositivos facilitan la participación del crimen organizado en las acciones de castigo y filtros sanitarios, “como se ha documentado en diversos estados”.

Señaló que el gobierno de Jalisco, a partir de su decreto del 20 abril y hasta el 11 de mayo, informó en su página oficial el arresto de 412 personas y la disolución de grupos en espacios públicos con un total de 8,398 personas sancionadas por las autoridades. “A partir del asesinato de Giovanni López, el propio gobernador declaró que existía la posibilidad de que el crimen organizado estuviera involucrado en los hechos ocurridos el 6 y 7 de junio, a partir del levantamiento y no localización de jóvenes durante las protestas en el estado. Es importante tomar en cuenta que la instauración de retenes sin una vigilancia, temporalidad y actuación clara, con protocolos bien establecidos, puede convertirlos en puntos de injerencia de otros grupos que atenten contra la seguridad de las personas. Y esto puede ser aprovechado por los grupos del crimen organizado para controlar ciertos territorios”.

dezr

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal reconoció que el crimen organizado implementó sus propias medidas sanitarias ante la pandemia de covid-19, que van desde toque de queda hasta amenazas a personal médicos, en al menos 4 estados del país.

En el documento, Observaciones sobre violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la contingencia sanitaria de covid-19, realizado por la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se señala que la delincuencia organizada actuó en 6 localidades de Guerrero, Sinaloa, Nayarit y Veracruz.

Además, en el informe, la Segob también da cuenta sobre medidas “desproporcionales (sic)” por la epidemia de la nueva cepa de coronavirus como arrestos y sanciones en 15 entidades federativas. 

Sobre la actuación de grupos del crimen organizado, detalló las medidas restrictivas “identificadas en fuentes abiertas”.

En Iguala, Guerrero, un grupo que identificó el gobierno, implementó toques de queda del 19 al 25 de abril, en Petatlán, también detectó amenazas a médicos del 3 al 9 de mayo.

En Culiacán y Los Mochis, el cártel de Sinaloa aplicó toques de queda del 12 al 18 de abril, en el primer lugar, y del 19 al 25 en el segundo. 

Se reportó un caso de aislamiento por parte del Grupo Sombra en Tuxpan, Veracruz, del 26 abril al 2 de mayo. Finalmente, indica que, en Santiago Ixcuintla, Nayarit, el Cartel Jalisco Nueva Generación aplicó cobro de impuestos, durante la pandemia.

Respecto a las acciones de los estados, el documento señala que, durante los meses de marzo, abril y mayo, autoridades estatales y municipales implementaron 53 medidas extraordinarias que incluyen el arresto administrativo como sanción de primera, segunda o tercera instancia, así como 71 medidas que incluyen la posibilidad de sanción con multas.

Detalla que las medidas extraordinarias de arresto administrativo por parte de autoridades estatales se llevaron a cabo en Baja California (5), Colima (5), Michoacán (5), Oaxaca (1), Quintana Roo (2), Coahuila (2), Jalisco (3), Nayarit (3), Aguascalientes (1), Sonora (1). 

También se dieron casos en por parte de las autoridades municipales de los estados como Zacatecas (6), Oaxaca (4), Quintana Roo (3), Coahuila (1), Aguascalientes (1), Sonora (1), Yucatán (2), BC (1), Durango (1) y Guerrero (1), aunque no precisó las localidades.

“De estas acciones, resultan particularmente preocupantes aquellas que posibilitan el arresto administrativo, pues no sólo son las que restringen de manera más importante los derechos humanos, sino que resultan contraproducentes al generar potencialmente concentraciones de personas en reclusión que pueden facilitar la propagación del virus SARS-CoV2. Además, pueden llevar a la comisión de abusos de autoridad que suelen afectar desproporcionadamente a personas en situación de calle, personas indígenas y afromexicanas, personas de tez oscura y aquellas en situación de pobreza”, alerta el informe de la subsecretaria que encabeza Alejandro Encinas.

Asimismo, destaca que la evidencia disponible en nuestro país muestra que las sanciones no parecen ser un medio efectivo para disminuir la tasa de contagio, ya que no existe correlación entre el número de medidas extraordinarias que implican alguna sanción y la tasa de casos confirmados de covid-19.

“Como se señaló en el documento anterior, los retenes, cierres de fronteras estatales o municipales, y cierre de carreteras, son restricciones severas al derecho al libre tránsito. La Ciudad de México, estados y municipios no tienen competencia para dictarlos, salvo que haya una autorización expresa del Consejo de Salubridad General para, por ejemplo, establecer cordones sanitarios. Incluso si se argumentara que pudieran tener competencia, estas medidas impuestas con el uso de la fuerza no cumplen con los requisitos de proporcionalidad”.

Precisó que entre abril y mayo se implementaron 54 toques de queda a nivel municipal de manera oficial: Baja California (3), Baja California Sur (1), Chiapas (1), Coahuila (1), Durango (1), Guerrero (2), Michoacán (3), Nuevo León (2), Oaxaca (4), Puebla (1), Quinta Roo (5), Sonora (20), Yucatán (6), Zacatecas (4).

Lo anterior, advierte, además de ocasionar abusos de autoridad, puede tener efectos graves en materia de seguridad, ya que dichos dispositivos facilitan la participación del crimen organizado en las acciones de castigo y filtros sanitarios, “como se ha documentado en diversos estados”.

Señaló que el gobierno de Jalisco, a partir de su decreto del 20 abril y hasta el 11 de mayo, informó en su página oficial el arresto de 412 personas y la disolución de grupos en espacios públicos con un total de 8,398 personas sancionadas por las autoridades. “A partir del asesinato de Giovanni López, el propio gobernador declaró que existía la posibilidad de que el crimen organizado estuviera involucrado en los hechos ocurridos el 6 y 7 de junio, a partir del levantamiento y no localización de jóvenes durante las protestas en el estado. Es importante tomar en cuenta que la instauración de retenes sin una vigilancia, temporalidad y actuación clara, con protocolos bien establecidos, puede convertirlos en puntos de injerencia de otros grupos que atenten contra la seguridad de las personas. Y esto puede ser aprovechado por los grupos del crimen organizado para controlar ciertos territorios”.

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