Denuncian al director del Cereso de Torreón por extorsión e intimidación

Torreón, Coahuila.- Por el delito de extorsión simple agravada por ser servidor público y extorsión mediante intimidación relativa a la impartición de justicia, la abogada Jazmín Delgado Altamirano, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra del director del Centro de Reinserción Social de Torreón, Jesús Francisco Estrada Pecina.

La litigante explicó que actualmente lleva la representación jurídica de 30 internos en el penal de Torreón, quienes se han visto beneficiados por una libertad anticipada, entre otras cosas, por buen comportamiento lo que, dijo, ha derivado en la molestia del director quien considera se ha visto perjudicado en sus intereses personales.

Lo anterior, al manifestar que las familias de los reos le hicieron del conocimiento que el funcionario solicita dinero a los internos para otorgarles el beneficio condicionando lo que para la abogada ha sido un derecho adquirido de forma legal.

“Él vio que nuevos internos comenzaban a buscarme porque sus clientes la recomendaban por los resultados obtenidos en los procesos, el año pasado se dieron más de 20 libertades de reos que yo represento”, comentó.

Delgado Altamirano aseguró que los internos le han manifestado que son amenazados por el director del penal con impedir su libertad si mantienen los servicios legales de la litigante interviniendo para que los estudios de diversas áreas resultaran negativos utilizando su influencia.

“Su amenaza se cumplió porque la semana pasada que estuve yo en el Juzgado de Ejecución en el municipio de Torreón, al ver los expedientes, hay algunos expedientes en donde aparecen los estudios negativos, por lo cual no se pueden ir en libertad”, denunció.

La abogada explicó que los estudios refieren al comportamiento y personalidad de los internos, y aseguró tener medios de prueba que fueron presentados ante la Fiscalía y que consisten en acreditar que ninguno de ellos ha recibido castigo alguno o faltado al reglamento.

Consideró que se están violando los derechos de los reos y se convierte en un acto de injusticia que por lo que, consideró, intereses particulares del director se ha perjudicado a los internos, a sus familias y el trabajo realizado como representante jurídica.