En León hay 250 asentamientos irregulares  

En el municipio de León se tiene registro de 250 asentamientos irregulares cuyos habitantes carecen de los servicios como pavimentación, agua potable, alumbrado público y más, por lo cual se ha hecho un llamado a quienes hoy aspiran a gobernar el 3er municipio más poblado de México para que atiendan la problemática. 

”Es gente que vive siempre en condiciones que no son dignas, son más de 250 fraccionamientos o de asentamientos en la ciudad de León en donde la gente compró básicamente por necesidad, porque en este país menos del 50% de la población tiene acceso a Infonavit y una persona que vive de salarios bajos o del auto empleo no tiene acceso al crédito” Explica David Herrerías, Consejero del Observatorio Ciudadano de León.

 Tratar de regularizar los se ha convertido en un proceso legal largo, ya que no alcanzan la densidad poblacional mínima de habitantes, para llevarlo a cabo, a la necesidad de los sectores sociales de tener acceso a una casa y la dilación de desarrollo urbano para otorgar los permisos, se suma la impunidad 

”Generalmente son predios con la promesa de que algún día se van a regularizar y la experiencia nos dice que pueden tardar 20 o 30 años en regularizarse y que además tienen muy baja densidad poblacional, es gente que compra y que al muy poco tiempo termina decepcionándose, como no tienen servicios terminan recurriendo a otras alternativas. Muchos de estos fraccionamientos tienen además muy poca densidad y el IMUVI (Instituto Municipal de Vivienda) dice que no puede regularizar porque no alcanzan la densidad que se necesita” agregó

Pese a que el Código Penal del Estado de Guanajuato en su artículo 262 establece que a quien promueva, induzca, fraccione sin autorización o permiso del estado o municipio, se le impondrá de 9 años de prisión a 100 días multa, aún ningún responsable de estos delitos ha sido judicializado.

EL Observatorio Ciudadano de León ha logrado identificar que la problemática del paracaidismo y la irregularidad se ha incrementado en los últimos 20 años producto del encarecimiento de los permisos y trámites de quienes construyen fraccionamientos y conjuntos habitacionales, que en consecuencia ofrecen viviendas cada vez más costosas y poco accesibles para las clases trabajadoras.