Exigen a autoridades cumplir con recomendación por abuso sexual en kínder de Chapala
Se cumplió el plazo que tenía el gobierno de Jalisco para responder a la recomendación de la CNDH, pero Por Nuestros Niños AC señala nulo interés en resolver el tema.
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Exigen a autoridades cumplir con recomendación por abuso sexual en kínder de Chapala
El pasado 18 de febrero se cumplieron los tres meses que tenía el gobierno de Jalisco para responder a la recomendación 40vg/2020 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso de abuso sexual infantil ocurrido en 2017 en un kínder de San Nicolás de Ibarra, en Chapala.
Sin embargo, integrantes de la asociación civil Por Nuestros Niños comentan que hay nulo interés de las autoridades en resolver el tema y otorgar justicia a los menores. Señalan, más que negligencia, “corrupción, contubernios y complicidades”, pues aseguran que nadie quería que el caso saliera a la luz.
La organización exige al gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, al fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez, y al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, cumplir con lo que solicita la CNDH, principalmente, la integración de carpetas de las 40 niñas y niños que por negligencia del Servicio Médico Forense no fueron investigados, así como la creación de un protocolo y la instalación de cámaras de vigilancia en los plantes educativos para evitar se repliquen los abusos sexuales, y brindar atención psicológica a todos los menores que fueron agredidos de manera sexual.
Madres de familia de las niñas y niños afectados temen por su integridad y la de sus hijos, pues además de las secuelas psicológicas y emocionales que estos presentan, han sido víctimas de hostigamiento desde que en 2017 denunciaron el hecho y dieron a conocer que servidores públicos estaban implicados.
“[Se han] Presentado en el domicilio de las mamás de los menores, inclusive personas armadas con el objeto de amedrentar”, expuso Gustavo Pimienta, abogado de Por Nuestros Niños.
Además de la sanción máxima para el profesorado, Pimienta indicó que también esperan la reparación del daño y la indemnización por parte del Estado a cada una de las víctimas, lo que significaría un monto de dos millones de pesos.
CGE
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