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Fepade solicita orden de captura contra César Duarte

La solicitud de la fiscalía es por el delito de peculado electoral por 14 millones 609 mil pesos.

Editorial Telediario Nacional /

Ciudad de México.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicitó una orden de aprehensión contra César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, por el delito de peculado electoral por 14 millones 609 mil pesos; mañana un juez de control resolverá si libra una orden de aprehensión contra el ex mandatario.

Aunque se presume que el monto del salario retenido a 700 trabajadores de la administración de Duarte asciende a 79 millones de pesos, la Fepade incluyó en la solicitud de la orden presuntos ilícitos cometidos durante 2015; posteriormente, la fiscalía formulará más acusaciones.

El titular de la fiscalía, Santiago Nieto Castillo, informó que en caso de que el juez libre la orden de aprehensión, pedirán de inmediato la emisión de una ficha roja a Interpol. Asimismo, se solicitó capturar a Adrián Dozal Dozal, ex director de recursos humanos de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua.

Este martes, cuatro ex servidores públicos fueron vinculados a proceso acusados del mismo delito, entre ellos, Jaime Ramón Herrera Corral, ex secretario de Hacienda; Miguel Ángel Mezquitic Aguirre y Jesús Oliva Arzate.

La pesquisa que realizó la Fepade derivó de la denuncia que presentó la secretaria de la Función Pública del Estado de Chihuahua, Stefany Olmos, quien acusó que en la gestión de César Duarte se retuvo un porcentaje de los salarios de los servidores públicos de la entidad para entregárselos directamente al PRI.

La denuncia establece que entre 2010 y 2016 se realizaron retenciones de entre el cinco y diez por ciento del salario a los servidores públicos de todas las áreas del estado, que habrían sumado 79 millones de pesos.

La PGR comenzó a indagar si por estos hechos podría constituirse el delito electoral establecido en el artículo 11,fracción V de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el cual sanciona a los servidores públicos que soliciten a sus subordinados aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política.

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