FGR va contra funcionarios en caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República informó que presentará los recursos necesarios contra los funcionarios de la pasada administración que han “incumplido con sus funciones” en el caso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

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Explicó que tras la presentación de la llamada “verdad histórica” del gobierno anterior se presentaron una serie de recursos por parte de familiares de los estudiantes, organismos internacionales, ONG’s y la CNDH, algunos de los cuales llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mientras que el 31 de mayo de 2018 un Tribunal Colegiado emitió una sentencia de amparo en la que se ordena reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la entonces PGR, los protocolos de Estambul a policías locales y diversos procesados que aseguraban que fueron torturados para obtener sus confesiones.

Además deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados y crear una comisión de ciudadanos en la que participara la CNDH y la PGR para cumplir con las funciones de investigación y persecución de los delitos. 

​La sentencia fue impugnada por la PGR “al violentar la función constitucional del Ministerio Público Federal, pero también fue apoyada mediante diversos recursos que han permitido la situación que hoy se está enfrentando”.

La dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero destacó las acciones que ha realizado respecto al caso, como la creación de la Comisión para la Verdad y el nombramiento de Omar Gómez Trejo como fiscal de la unidad especial para el caso.

Sin embargo, no ha podido dar cumplimiento ante las omisiones en la administración pasada, además de que un juez de distrito de Matamoros rechazó ampliar el plazo para realizar los protocolos de Estambul luego de que fijó un plazo de 10 días naturales para llevarlos a cabo.

La dependencia explicó que la ampliación solicitada fue porque cada uno de los investigados tiene que dar su anuencia y el protocolo no lo podía aplicar ya que se “tenía que encontrar una institución inobjetable que lo realizara”.

Ante ello propuso a las autoridades de la Ciudad de México en materia de derechos humanos, pero “a todo lo anterior el juez de distrito se negó otorgando la libertad a los policías locales procesados”. 

PGG