Hacen llamado al Poder Judicial tras liberación de feminicidas
La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres reprobó la decisión del Poder Judicial de dejar en libertad a parricidas y feminicida.
La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISMH) reprobó la decisión del Poder Judicial de dejar en libertad a Luis Alberto “N” y Eugenio “N”, parricidas confesos, y Héctor “N”, presunto feminicida.
A través de un comunicado, la dependencia enfatizó que “la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha establecido que la violencia por razón de género es una de las más grandes violaciones a los derechos humanos de las mujeres; por ello, necesitamos garantizar, entre otras medidas de reparación, que los responsables de estas violencias sean sancionados y que no vuelvan a incurrir en estas conductas”.
En el documento, se precisó que dos de las sentencias fueron otorgadas por la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, integrado por el magistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos; el secretario de acuerdos en funciones de magistrado Federico Hernández Corona, y el magistrado Sergio Enrique Medrano Covarrubias.
En el caso del feminicidio de Heidi Jurado Belloc se sentenció a Eugenio “N” a pasar 38 años en prisión, mientras que en el de Yolanda Palomar Bonilla, el responsable fue condenado a 25 años de cárcel. Por la muerte de Tania Gómez ya había una vinculación a proceso, sin embargo, fue revocada por la sexta sala y el imputado fue puesto en libertad.
“Las libertades otorgadas a los dos parricidas confesos y al presunto feminicida hace al Poder Judicial responsable y partícipe de la violación sistemática a los derechos humanos no sólo de las víctimas directas e indirectas de estos casos, sino también de los que resulten a partir de ello, pues la ciudadanía observa estos hechos como señal inequívoca de que hay permisividad para violentar y asesinar mujeres”, puntualizó.
La SISMH aseguró que brindarán apoyo a las víctimas y exhortó a las autoridades a investigar y sancionar el actuar de magistrados, jueces y personal involucrado en las resoluciones.
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